Qué es el daño punitivo, cómo se aplica y qué sanciona

La figura tiene jurisprudencia variada y se aplica en algunas demandas civiles. En la Argentina se incorporó en 2008, cuando se modificó la ley de Defensa del Consumidor. Los casos testigo.

El daño punitivo es una figura excepcional, mediante la cual se sanciona a quienes obran con una absoluta despreocupación respecto de los derechos de terceros. Los fallos recopilados y la jurisprudencia marcan que las demandas se originan, por ejemplo, en defectos de fábrica de un producto, en la ausencia de rampas para discapacitados en locales comerciales o hasta pilas que venían dentro de una gaseosa.

Uno de los más casos  más antiguos ocurrió en los años 70, el estado de California, en los Estados Unidos. Un fabricante de automóviles fue condenado por la justicia a pagar una indemnización de 130 millones de dólares.

La causa fue conocida como “Grimshaw”: el fallo consideró el daño punitivo por la muerte de una madre y su hijo en un accidente de tránsito, que fue producto de las fallas encontradas en uno de los modelos que fabricaba esa empresa.

En la Argentina, en 2008, se modificó la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y se incorporó el artículo 52 bis: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, y a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.

Los fallos en Argentina

Uno de los primeros fallos en donde se aplicó ese artículo fue en el caso “Machinandiarena”. Un ciudadano reclamó que una empresa de servicios no poseía en uno de sus locales comerciales “los accesos para discapacitados exigidos por ley, impidiéndole el ingreso”. El tribunal consideró que se trató de una conducta discriminatoria por parte de la empresa, y que ocasionó un daño al consumidor.

Otro fallo es el denominado “De la Cruz”, del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Concepción del Uruguay, de 2009. El denunciante había comprado un auto defectuoso, y a pesar de llevarlo en varias ocasiones al servicio técnico, el problema no fue solucionado. El fallo tuvo en cuenta la responsabilidad del proveedor al entregar un producto fallado.

En el caso “Teijeiro”, la Justicia de Primera Instancia cordobesa aplicó una multa dos millones de pesos. Fue en el caso en el que un hombre compró una botella de gaseosa y encontró que tenía en su interior un envoltorio de gel íntimo para preservativos. Y en Tucumán, en segunda instancia,  una embotelladora deberá pagar 500 mil pesos de indemnización a un denunciante que encontró una pila dentro de una botella de gaseosa.

Idas y vueltas de la Justicia

La figura del daño punitivo tuvo varios rechazos en primera instancia de la Justicia. Tal es el caso de un fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, que confirmó el rechazo una multa por daño punitivo “impuesta a una distribuidora de energía eléctrica a raíz de un corte de suministro que afectó a un parque de diversiones”.

Los camaristas adujeron que la incidencia de produjo a causa de “tareas de prevención” que estaban realizando los dependientes de aquella, por lo que no puede sostenerse que “haya sido causada en forma deliberada y debido a una grosera negligencia”.

Un consumidor promovió demanda contra una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos por el cumplimiento de la garantía ante los desperfectos que tenía una computadora que compró. La Cámara dijo que “la empresa no brindó oportuna respuesta a los reclamos de un consumidor”, pero que “no puede ser condenada a abonar una multa por daño punitivo, pues no se comprobó que con su conducta disvaliosa hubiera perseguido un propósito deliberado de obtener un rédito, con total desprecio de la integridad del usuario”.

En otro caso, la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba sí ratificó la figura del daño punitivo, además de daño emergente y daño moral, al dueño de una fábrica de muebles por haber incumplido con una entrega. La condena fue pagar 6400 pesos por tres tipos de infracciones civiles.

Por último, un cliente demandó a una empresa de seguridad por los daños que dijo haber sufrido a raíz de un robo en su domicilio, por “fallas en los equipos de seguridad”. En primera instancia se admitió el reclamo. La Cámara confirmó la decisión.