Cuando la información pública es una política de Estado

Las iniciativas llevadas a cabo en materia de datos abiertos hicieron que Argentina avanzara sobre una deuda del sector público. Cómo hizo el país para trepar más de 30 puestos en el ranking internacional que mide el libre acceso a la información de gestión.

Uno de los principales objetivos de la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde fines de 2015 es lograr un mayor acceso a la información. Una de las falencias no sólo para investigadores y personas que estudian la materia, sino para la población y quienes se encargan de formular políticas públicas también, era la falta de acceso a algunos datos básicos sobre el funcionamiento de la Justicia nacional y la administración en general.

En 2017, Argentina pasó del puesto 54 al 17 en un ranking elaborado por la fundación Conocimiento Abierto Internacional, una organización no gubernamental que trabaja en la materia hace más de una década. Varias de las iniciativas que hicieron que fuese posible partieron de la cartera de Justicia y Derechos Humanos conducida por Germán Garavano.

La base de datos de la Inspección General de Justicia (IGJ), la información que aportan los portales de Infoleg y el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) son parte de las iniciativas que lograron reposicionar al país más arriba en la escala que elabora la fundación Datos Abiertos Internacional (OKFN, por su sigla sajona). Toda esta información está reunida en el portal Datos Abiertos de la Justicia.

Entre otras cosas, allí se puede indagar acerca de cuántas causas por homicidios se tramitan en el país, cuántas por divorcio, cuántas en cada provincia, por caso. Pero también se puede acceder a datos de los funcionarios, estableciendo de esta forma un mecanismo de control que está al alcance de cualquier persona que cuente con una computadora e internet.

En esta web confluye información brindada por los gobiernos nacional y provinciales, y por los poderes judiciales nacional y locales. Cuando este sitio de internet fue presentado, Garavano opinó que con esta información se “rinde cuentas a la comunidad” y que muchas iniciativas buenas de la Justicia no llegan a ser visibilizadas porque no hay acceso a esos datos.

Sandra Elena, coordinadora del programa Justicia Abierta, precisó que brindar esta información no se trata sólo de una cuestión de transparencia, sino que también apunta a “cumplir con un derecho de la sociedad”.

Estas iniciativas son parte de una propuesta que se aplicó en otros ámbitos: desde Casa Rosada, la web www.argentina.gob.ar/transparencia pone a disposición más datos, como el Boletín Oficial, estadísticas públicas y las compras y contrataciones electrónicas que se llevan a cabo desde el Estado, entre muchísima otra información.

En enero de 2016, a pocas semanas de comenzado el mandato de Mauricio Macri, el decreto 117 permitió avanzar en este sentido, ya que instruyó a los ministerios para que en menos de 180 días presenten un plan de gobierno abierto, teniendo en consideración que “la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno”.