Creen “probada” la “coacción” de Galeano a Telleldín

Lo sostuvieron los integrantes de la Unidad Fiscal AMIA Roberto Salum y Miguel Yivoff en su exposición de alegatos. Con anuencia de los fiscales, el ex juez habría presionado, primero, y pagado, después, al reducidor de autos Carlos Telleldín y algunos allegados para que inculpara a ex policías bonaerenses.

La fiscalía especial de investigación de la causa por el Atentado a la AMIA continúo esta jornada con la presentación de su alegato final en el juicio donde se deben probar irregularidades en la investigación inicial, entre las que se cuenta el pago ilegal a un imputado para que preste una declaración acordada.

Los fiscales Miguel Yivoff y Roberto Salum se refirieron puntualmente a los delitos de coacción a testigos e imputados y privación ilegal de la libertad a los ex policías bonaerenses, quienes estuvieron detenidos por el atentado. Tanto para el ex juez Juan José Galeano como para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, la fiscalía dio por probados esos cargos. En el caso de Galeano, como autor, en los de Mullen y Barbaccia, partícipes necesarios.

Al comienzo de la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal Yivoff realizó un recorrido por las “presiones” que el entonces magistrado ejerció sobre los allegados a Carlos Telleldín, único detenido en aquella causa, por haber sido el último tenedor conocido de la camioneta que portó los explosivos el 18 de julio de 1994.

Así, aludió por ejemplo a los testigos Miriam Salinas y su pareja Pablo Ibáñez, conocidos de Telleldín, quienes fueron detenidos y acusados por Galeano de participar del armado del coche bomba y de otros delitos como portación de sustancias prohibidas, encontrada en el domicilio laboral de Ibáñez.

La detención de Salinas

La decisión del juez Galeano de detener a Salinas es, para la fiscalía, una notoria coacción para que declare contra Telleldín: se la mantuvo detenida casi una semana, sin explicación ni pruebas, y al día siguiente se le dictó la falta de mérito y su libertad, para ser definitivamente sobreseída cuatro días después.

A pesar de que el sobreseimiento de Salinas no estaba firme, el exjuez decidió que declarara como testigo de identidad reservada, con la aprobación de los entonces fiscales. Incluso, fue en la oficina de Mullen donde se le tomó declaración testimonial, hecho que se registró por cámaras ocultas en el despacho.

Con esto y los dichos de ambos testigos, la fiscalía dio por probada la presión a cambio de su libertad y una mejora en las condiciones de detención de su marido.

“Salinas declaró que acceder a lo que le proponía Galeano iba a mejorar la situación de Ibáñez y también debió aceptar que se instalen micrófonos en su casa para incriminar al marido de su amiga Ana Boragni (Carlos Telleldín)”.

Además, para graficar lo irregular del hecho, el fiscal trazó un paralelismo con otros sospechosos por el atentado como Alberto Kanoore Edul, amigo de la familia Menem, contra quien había elementos importantes que lo vinculaban al atentado. “Estuvo arrestado sólo unas horas y eso que se le había encontrado el contacto del iraní Moshen Rabbani. Por el contrario Salinas estuvo presa cinco días”.

Los policías acusados

Al respecto de las privaciones ilegales de la libertad a los ex policías bonaerenses de las brigadas de Lanús y Vicente López, el fiscal Salum sostuvo que esas detenciones posteriores al pago a Telleldín fueron ordenadas por Galeano con “pruebas falsas o valoradas tendenciosamente y con el ejercicio abusivo de sus funciones”.

La participación de Mullen y Barbaccia en este delito también, siempre en opinión de la fiscalía, fue clave ya que ellos solicitaron las detenciones y rechazaron los pedidos de excarcelación de los policías.

Según Salum, los funcionarios judiciales involucrados vincularon a los policías con el atentado si elementos en su contra mientras que Telleldín desde un comienzo mencionó las presiones y persecuciones que sufría por parte de las brigadas que buscaban sobornos, pero nunca los relacionó con la Trafic sino que se mantuvo siempre en la misma historia: la camioneta se la vendió a una persona que le mostró un DNI que parecía falso a nombre de Ramón Martínez, quien pagó 11.500 dólares por el vehículo el 14 de julio de 1994.

Más allá de esa versión inicial de Telleldín, el ex magistrado contaba con otros elementos que la sustentaban como la declaración testimonial de Ana Boragni que estuvo el día de la venta, los comentarios que ambos le hacían a allegados a través de su teléfono -intervenido-, el manuscrito que el doblador de autos escribió en la cárcel con lo que consideró su “versión oficial”, y las entrevistas que le daba a diversos medios de comunicación.

Fue recién en 1996, y a cambio de 400 mil dólares de fondos reservados de la SIDE, que afirmó haberle entregado la camioneta a los policías que lo presionaban, liderados por el subscomisario Juan José Ribelli, dichos que habría consensuado con el exjuez.

“Con todos estos elementos, ¿A nadie le llamó la atención el cambio en la versión de Telleldín?”, preguntó el fiscal de manera retórica y con eso concluyó su exposición que seguirá la próxima semana.