Corrupción contra el Estado: proyecto sobre personas jurídicas

El Poder Ejecutivo envió una propuesta al Congreso que prevé la creación de un régimen de responsabilidad penal para sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y otros tipos de organizaciones que incurran en delitos contra la administración pública.

Algunos de los proyectos de ley elaborados desde el Gobierno nacional apuntaron a los delitos de corrupción contra el Estado: ya sea para acelerar las causas o para que los partícipes puedan brindar información a cambio de la reducción de la pena, una de las líneas de acción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación apunta en este sentido.

En este marco, desde el Poder Ejecutivo se envió un proyecto al Congreso, ingresado por la Cámara de Diputados, que prevé un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas que cometan un delito contra la administración pública.

Una persona jurídica es una organización que posee derechos y obligaciones como una persona física, solo que se compone de éstas. En la iniciativa se menciona a quienes podría alcanzar este sistema: sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas (nacionales o extranjeras y con y sin participación estatal).

Al mismo tiempo, se establece a los delitos que podrían alcanzar a estas organizaciones: el delito de cohecho y tráfico de influencias; el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; malversación de caudales públicos; y las exacciones ilegales.

En el proyecto también se consigna que “las personas jurídicas son responsables por los delitos contra la administración pública y cohecho transnacional que hubieren sido realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y de los que pudieran resultar beneficiadas, cuando la comisión del delito fuere consecuencia de un control y supervisión inadecuado por parte de éstas”.

Esto aplicará cuando los delitos sean cometidos por cualquiera de sus dueños, socios, accionistas o asociados con influencia en la “conformación de la voluntad social de la persona jurídica de que se trate”; apoderados, representantes, directores, gerentes o cualquier otro empleado que trabaje bajo su supervisión; o cualquiera de los representantes en contratos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso. Proyecto

“La amenaza de sanción a las personas jurídicas y la posibilidad cierta de mitigar su responsabilidad cuando hubieran colaborado en la prevención y detección de los delitos contra la administración pública son herramientas para aumentar la prevención de la corrupción y, al mismo tiempo, robustecer la eficacia en la persecución y el castigo de los partícipes individuales”, se manifiesta en los fundamentos.

En la actualidad, la corrupción contra el Estado sólo está penada para personas físicas en nuestro país. Lo cierto es que en numerosas ocasiones las personas jurídicas se ven involucradas en este tipo de casos.