Reforma del Código Procesal Administrativo en Corrientes

Foto: Patrick Haar

Con la oralidad como objetivo, una comisión con funcionarios de los tres poderes elabora un anteproyecto que creará una nueva regulación procesal en ese fuero. Todos los temas relativos al accionar del Estado y la relación con la sociedad civil se tramitan allí.

Oralidad, publicidad, concentración y economía procesal: esos son los puntos centrales de la reforma que se propone para el Código Procesal Administrativo de Corrientes, que es el cuerpo normativo que indica cómo debe desarrollarse el proceso en ese fuero. Es allí donde se tratan las cuestiones relativas al Estado y, también, a su relación con la sociedad civil.

La iniciativa fue redactada por una comisión conformada por miembros de los tres poderes del Estado, y, entre otras cosas, buscó mantener una armonía que evite contraponer a la regulación utilizada para el fuero Civil y Comercial de la provincia cuando se refiere a cuestiones comunes.

Héctor Chayer

Dos de las guías orientadoras de esta propuesta, que después de largos debates y puestas en común cobró forma a través de un anteproyecto, son la búsqueda de un proceso más oral y una redacción con lenguaje fácil de entender. Así, se espera que los ciudadanos puedan entender de qué forma se desarrolla el proceso, sin tener que recurrir a un especialista en la materia por la complejidad del contenido.

En junio último, Héctor Chayer, coordinador del programa Justicia 2020, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, explicó que la oralidad da la posibilidad al “ciudadano común de involucrarse en la Justicia. ¿Por qué? Porque solo en una audiencia oral el ciudadano puede entrar en contacto con quienes toman las decisiones. Puede escuchar al juez en persona”.

“Solo en una audiencia oral el ciudadano puede entrar en contacto con quienes toman las decisiones. Puede escuchar al juez en persona”.

El proyecto provincial también contempla algunos beneficios procesales para quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad y carezcan de recursos para defenderse de forma adecuada ante la Justicia. En este sentido, se “flexibilizaron” los recaudos de admisibilidad de las pretensiones de los demandantes de este tipo, de modo que se agiliza el acceso a la Justicia.

También se amplía la posibilidad de dictar medidas cautelares, es decir, de utilizar una herramienta que puede subsanar una situación antes de que termine el proceso, para evitar la ocurrencia o el agravamiento de los daños denunciados.

También, y considerando que el fuero abarca las cuestiones relativas al Estado y por ende toca de cerca a la ciudadanía, se pensó una nueva regulación para los efectos de las sentencias en casos donde se discuten derechos de incidencia colectiva. Es decir, casos cuyo resultado pueden alcanzar a más personas que el grupo demandante.