Córdoba tiene un observatorio para causas “de interés público”

Es una página web que registrará datos sobre los procesos penales relacionados con hechos de corrupción y causas en las que se investiguen lesiones a la salud general, el medio ambiente o la fe pública. La información permanecerá allí “no menos de 20 años”, aseguraron.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) dispuso la creación del Observatorio de Causas Anticorrupción y de Interés Público, es decir, un registro de datos que permitirá el acceso público a la información sobre las causas judiciales que estén relacionadas con hechos de corrupción o tengan relevancia pública.

Este observatorio estará alojado en la página oficial del Poder Judicial de Córdoba, en la sección Transparencia Activa. Desde allí se podrá consultar “online” la evolución de aquellas causas que habilitan la competencia del Fuero en lo Penal Económico y Anticorrupción, como también las que requieren la intervención de la Unidad de Delitos Complejos, aun cuando sean tramitados por otros tribunales.

El Observatorio también incluirá datos acerca de aquellos delitos de interés social por afectar la salud pública, el medio ambiente, la fe pública de modo significativo, u otros bienes con efectos similares.

La información publicada -que perdurará por un plazo no menor a 20 años- brindará datos relativos al número de expediente, la carátula, la fecha de inicio, el estado de la causa, el tipo de juicio, la dependencia actual y las partes intervinientes (imputados y damnificados, etc.), los letrados designados, los delitos y las resoluciones pertinentes (tipo de resolución, número, fecha y contenido autorizado).

Asimismo, la herramienta -instrumentada mediante el Acuerdo Reglamentario 1465- contará con opciones de consulta que permitan identificar los expedientes a partir de los datos de las partes, su número o fecha de inicio.

La iniciativa fue impulsada por el TSJ y la Fiscalía General de la Provincia como una forma de avanzar “en el camino de transparencia”. Un instrumento similar ya había sido implementado en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.