Convenio da facultades a Oficina de Intervención de Comunicaciones

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmaron un convenio por el cual la Oficina de Intervención de Comunicaciones asumirá más facultades en el marco de sus investigaciones a la hora del entrecruzamiento de datos en escuchas legales.  

A partir de este acuerdo, se procederá a la redacción de un protocolo que permita agilizar los procesos de investigación de delitos complejos.

Entre los objetivos trazados, se impone la intención de que el organismo no se limite a la tarea tradicional de escuchas telefónicas, sino que tenga pleno acceso a datos de distintos estamentos del Ministerio de Justicia, como ser el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, la Inspección General de Justicia o las bases de datos personales. A través de este convenio, los jueces dejarán de verse en la obligación de librar múltiples oficios a distintas dependencias, y tendrán que dirigir sus requerimientos a una oficina centralizada dentro del Poder Judicial.

El convenio firmado por el ministro de Justicia, Germán Garavano y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, está focalizado en coordinar “actividades de cooperación, colaboración e implementación de políticas públicas referidas al combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos graves”.

La ejecución del acuerdo recaerá en la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia, mientras que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado lo validará en representación del Tribunal Supremo.

Funcionarios de la Oficina de Intervención de Comunicaciones consideraron que la iniciativa de permitir un acceso a mayor número de bases de datos agilizará los tiempos de los procesos judiciales, permitiendo una búsqueda más dinámica de prófugos y  acelerando los pasos investigativos en los delitos de carácter complejo.

La nueva atribución concedida a la Oficina es el producto de las deliberaciones de un comité de expertos -del que formaron parte jueces y fiscales federales – que evaluó las opciones más viables para solucionar las dificultades procedimentales en las investigaciones sobre delitos de lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y terrorismo.

Este acuerdo, derivado del convenio suscripto por Garavano y Lorenzetti en abril de 2017, estipula que la Oficina de Intervención de Comunicaciones, a partir de pedidos de autoridades judiciales, tendrá acceso a las bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia, obteniéndose así un sistema de información de datos con claves independientes para cada base.

De esta forma, de manera conjunta, se concretarán programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y de investigación, y se fortalecerán las relaciones institucionales, sin que esto implique impedimento alguno para desarrollar otras actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de interés mutuo.

Simultáneamente, el convenio habilita la confección de un mapa de riesgos que se materializará  en el análisis de causas judiciales, sentencias, estadísticas, metodologías para la investigación en asuntos de crimen organizado y terrorismo, y la elaboración de Protocolos de Actuación y Acceso a las bases de datos de los organismos dependientes del Ministerio.

Con la confección del protocolo -cuyo borrador es monitoreado por los jueces Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio, el camarista de Casación Mariano Borinsky, y los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano, entre otros- se conseguirá que los magistrados dispongan de mejores herramientas para investigar delitos económicos, así como se potenciará la recuperación por parte del Estado de bienes de procedencia ilícita.  De esta manera, se posibilita que los jueces realicen un decomiso anticipado para lesionar la estructura económica de las organizaciones delictivas, o instrumenten la recuperación de bienes ilegales en el exterior.