Mesa abierta participativa de referentes de niñez avanzó sobre medidas alternativas al encierro de menores. Las conclusiones serán el insumo para la redacción del anteproyecto de ley.
Una nueva mesa de debate con especialistas de diferentes ámbitos relacionados con la realidad de los jóvenes en conflicto con la ley tuvo lugar este jueves en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la intención de promover una construcción participativa y abierta para desarrollar un texto base antes de que comience el año legislativo.
En el marco de una serie de reuniones que apuntan a generar un anteproyecto de ley que cree un sistema de responsabilidad penal especializado, la mesa abordó propuestas de medidas alternativas a la privación de la libertad, al proceso judicial y restaurativas.
Se trata del encuentro que fue presidido por el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, y el secretario de Planificación Estratégica del Ministerio, Mauricio Devoto. Silvana y Silvina Paz, ambas a cargo de la Secretaría de DDHH y Políticas Penitenciarias del Tribunal de Casación de La Plata, y Germán Martín, fiscal penal juvenil de Neuquén, coordinaron la mesa de medidas alternativas.
En las mesas temáticas se contó con la presencia de representante de organismos jurisdiccionales,poderes ejecutivos nacionales y provinciales, del Poder Legislativo, organizaciones civiles de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como referentes del Ministerio de Seguridad y de Salud, de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de UNICEF.
También participaron la presidente de la Asociación Latinoamericana de Magistrados y Funcionarios Profesionales y Operadores de Niños, Adolescentes y Familias; la vicepresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el Observatorio de la Niñez, entre otros. De cara a la misión de consensuar un anteproyecto legislativo, estuvieron presente diputados nacionales, asesores de ambas cámaras del Congreso, jueces de superiores tribunales provinciales, defensor y fiscales de todas las jurisdicciones e instancias, miembros de la Defensoría General de la Nación, universidades y ONG de todo el país.
Se generó consenso en relación a que una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil debe tener en consideración todas estas medidas alternativas, pero también se puso de relieve la necesidad de que la víctima sea contemplada en este sentido y a la hora del desarrollo del proceso.
