Se creó el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas

El Gobierno nacional creó mediante el decreto 672/2016 el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina, tal como se publicó en el Boletín Oficial.

El Consejo tendrá entre sus objetivos el de proponer un proyecto de reglamentación del derecho de consulta previa, libre e informada, de los pueblos indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT, e impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para “la efectiva posesión de las tierras por las comunidades”.

El cuerpo colegiado funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y estará conformado por “los representantes que los Pueblos, Comunidades y/u Organizaciones de Pueblos Indígenas asignen a tales fines, respetando el autoreconocimiento y las formas, usos y costumbres tradicionales de organización de cada pueblo y comunidad” y por la Mesa de Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas de Argentina con el Estado Nacional.

La Secretaría deberá promover los “espacios de interacción con los diferentes Ministerios y organismos públicos” del Estado Nacional. Además se convocó a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que actué en el Consejo “en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas”.

También se convocó a miembro del Congreso de la Nación y diversos especialistas en temáticas de legislación indígena.

Según los considerandos del decreto, la creación del Consejo se da “dada la situación crítica manifestada por diversos integrantes de Pueblos y Comunidades Indígenas en todo el territorio nacional, deviene institucionalmente necesario instrumentar las políticas públicas adecuadas para resolver las distintas situaciones que los afectan”.

Además se establece como necesario “generar un diálogo intercultural que diseñe políticas públicas para los Pueblos Indígenas, promueva diferentes programas e impulse entre otros, un reordenamiento territorial respetando el derecho a la consulta y al consentimiento”, dice el decreto.

Entre las funciones del Consejo Consultivo y Participativo están las de impulsar una reforma de la Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (N° 23.032) que proponga una reglamentación al derecho a la consulta previa, libre e informada que se establece en el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

“La consulta es el derecho de los Pueblos Indígenas u Originarios de poder intervenir de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”,  explica.

El Consejo también deberá proponer “un proyecto de reglamentación de la propiedad comunitaria indígena”; “fortalecer la identidad sociocultural y el autogobierno” e “impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para la efectiva posesión de las tierras por las comunidades”.

También deberá “impulsar, proponer al Estado Nacional participando: en el proceso de toma de decisión para la implementación de los programas, planes y proyectos para la Población Indígena, de educación, salud, género, juventud, protección de niños y niñas, tercera edad, ancianos, discapacidad y asistencia a víctimas”.