Conclusiones de la conferencia sobre asistencia legal

El fin del encuentro que reunió a defensores, fiscales y organizaciones de la sociedad civil de más de 50 países trajo consigo una serie de recomendaciones en torno al tema que se discutió en las jornadas.

La creación de una Red Internacional de Asistencia Jurídica (RIAJ), enmiendas en la legislación existente y la creación de nueva normativa al respecto, son algunas de las directrices que se establecieron después de la Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal.

Después de tres jornadas de debate en el que participaron más de 200 defensores, fiscales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, las conclusiones fueron vertidas en un documento discutido por todos. En líneas generales, la idea es avanzar hacia criterios que puedan aplicarse a nivel internacional y regional.

La idea de tener un criterio unificado es poder, en el futuro, exigir que se cumpla el acceso a este tipo de asistencia, ya que hay un punto en el cual no hubo ninguna discusión: se trata de un derecho en cualquier parte del mundo. Esta conferencia apuntó a que se garantice a nivel global.

La última jornada también sirvió de marco para abordar la discusión del acceso a la asistencia jurídica de mujeres, niñas, niños y adolescentes y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad y cómo los sistemas de Justicia Penal tienen un tratamiento diferenciado y desventajoso para ellos.

Ante las amplias posibilidades de brindar asistencia jurídica, el documento final exhortó a organizaciones del Estado y del ámbito privado a que se comprometan en su provisión. Es que las opciones para brindar esta ayuda son varias: hay asociaciones que trabajan en este sentido, organismos públicos y autónomos, e inclusive países donde se combinan ambas.

Al mismo tiempo, se advirtió que una Defensa pública con menos recursos que otros sectores del Estado puede llevar a una situación de desigualdad. En nuestro país, tanto la defensa como la acusación están enmarcadas en organismos independientes de los tres poderes estatales.

Otro de los puntos centrales recae sobre la falta de sistematización de la información en este sentido. Es uno de los mayores desafíos porque resulta difícil analizar la realidad que enfrenta la asistencia jurídica sin datos que respalden el trabajo. Por eso se instó a organismos gubernamentales y ONG a que realicen un trabajo conjunto en este sentido.

También se llevó a cabo una recomendación en lo relativo a la asistencia jurídica en materia Civil y Administrativa. En este orden se recomendó desarrollar e implementar estrategias para lograr una ayuda en este sentido. Finalmente, se convocó a un tercero encuentro que se realizaría en 2018.