Realidad y teoría de la ayuda legal alrededor del mundo

El debate se instaló en la Segunda Conferencia sobre Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Pena ¿Es un servicio? ¿Debería ser brindada de forma ineludible en todos los países? ¿Deberían comprometerse todos los Estados a avanzar en este sentido?

“En Tbilisi, Georgia, Mikheil, de 25 años, pasó un año en cárcel después de ser falsamente acusado de un crimen que no cometió; fue exonerado con ayuda del Servicio de Asistencia Legal, el órgano estatal responsable de brindar este tipo de ayuda en Georgia”, expresa la introducción de un balance de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNDOC, por sus siglas en inglés).

En ese documento abundan las historias de este tipo, que más tarde se traducen en cifras: ayuda en casos civiles, custodias de hijos; personas que sufrieron violencia sexual, de género; todas estas causas tienen un denominador común, y es que las víctimas no podían costearse o no podían acceder a la asistencia letrada. Estas son algunas de las cosas que se ponen en discusión en la Segunda Conferencia sobre Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal.

Este jueves se cerrará la segunda jornada, y son varias las cuestiones que se debatieron entre los asistentes que se reunieron en Buenos Aires y provienen de países como Sudáfrica, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, India y El Salvador, entre muchos otros.

Los abordajes sobre la forma en que se ponen en funcionamiento los servicios de asistencia son diversos y generaron discusiones al respecto. Si bien no hay ningún disenso en torno a considerar el acceso a la Justicia como un derecho humano, existe más de una forma de brindar el acceso a un abogado o abogada.

Andrés Mahnke, defensor público de Chile y coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), remarcó el rol de los países que cuentan con un sistema de Defensa Pública autónomo, como es el caso de Argentina. Esta es una de las posibilidades, ya que hay más formas más de brindarlo. Por ejemplo, a través de uno mixto, donde hay defensa pública y abogados contratados por el Estado para que brinden este servicio (es el caso de Israel).

Pero la perspectiva cambia en países donde la asistencia no está garantizada en absoluto. Jennifer Smith, directora ejecutiva de la Fundación Legal Internacional contó su experiencia en países como Afganistán: allí, la organización que dirige se encarga de asesorar a los gobiernos para poder crear redes asistenciales. Trabajan en lugares donde el acceso a la Justicia es difícil por los complejos contextos que los atraviesan.

Por este motivo cobra una gran relevancia el Congreso: el encuentro de defensores y miembros de organizaciones como la que integra Smith busca generar estas redes a nivel global y regional. Si bien hay criterios que no, todos reconocen, no pueden ser compartidos por diferencias culturales, hay ciertos derechos, como los humanos, que son inherentes a cualquier país en cualquier lugar del mundo.

De este modo es que se busca el establecimiento de criterios generales. Los paneles avanzaron en la discusión de estas diferencias. Las opiniones, si bien pueden ser encontradas en ocasiones (por ejemplo en lo relativo a la forma en que se brinda la defensa) apuntan en una misma dirección: la asistencia jurídica y el acceso a la Justicia debe ser garantizado por todos los medios posibles.