Permiten queja en causa que investiga el despojo de tierras

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja en una causa en la que dos comunidades indígenas de Tucumán denunciaron distintas maniobras y procedimientos judiciales con el objetivo de despojarlos de sus tierras.

Se trata de pueblos originarios de Tafí del Valle y Tolombóm que presentaron la denuncia en noviembre de 2014. La Justicia validó la actuación del Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán que ante la denuncia actuó realizando “actuaciones preliminares”.

En noviembre de 2014, los caciques de las comunidades indígenas del Pueblo de Tafí del Valle y de Tolombón, Santos Pastrana y Rufino Morales, se presentaron ante la Justicia para denunciar que a espaldas de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas, se realizaban “maniobras y procedimientos judiciales para privarlos de los derechos territoriales que ostentan las comunidades originarias”.

Ida y vuelta procesal

Esas actuaciones preliminares incluyeron oficios enviados por el fiscal general Antonio Gustavo Gomez a los tribunales y fiscalías provinciales donde, según la denuncia, se estarían realizando procesos civiles y penales vinculados al territorio de las comunidades originarias. Después, ya teniendo en su poder algunos de los expedientes en juego, el fiscal envió lo recabado a su par federal de primera instancia para que requiera la instrucción o el archivo de la causa.

Este proceder fue lo que el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán declaró nulo. Gomez apeló esa decisión y la causa llegó a la Cámara Federal que validó la sentencia del juez de primera instancia. Un nuevo recurso presentado por Gomez terminó en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le dio la razón e hizo lugar a la queja del fiscal.

La sentencia firmada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, le da la razón al fiscal general puesto que “podría estar en juego el alcance que corresponde atribuir al principio del debido proceso respecto de la actuación del Ministerio Público Fiscal” al declarar nula la actuación preliminar.

Procesos con pueblos originarios

No es la primera vez que en los procesos judiciales tienen su punto de partida en el derecho a la tierra o en causas paralelas que se desprenden en el marco de conflictos por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Ya sean civiles, penales o contenciosos administrativos, los conflictos judiciales que se presentan en la justicia tienen como telón de fondo la propiedad ancestral de los pueblos indígenas reconocida por diversos tratados internacionales y por la legislación nacional.

En noviembre de 2010 la represión de la policía formoseña a integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogth que realizaban una serie de protestas ante la construcción de un instituto universitario en su territorio ancestral, terminó con la muerte de un policía y de un integrante de la comunidad, Roberto López, y más de 20 heridos. La viuda de Lopez, Erma Peteñik, desde el comienzo se le negó la posibilidad de ser querellante en la causa.

Con el patrocinio del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), la viuda apeló esta decisión y llegó al Superior Tribunal de Justicia formoseño que confirmó la negativa a que la mujer sea querellante. Otra vez la sentencia fue apelada y la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, finalmente, le dio la razón a la mujer y en septiembre del año pasado hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la negativa a ser querellante, ordenando a la justicia formoseña que dicte otra sentencia teniendo en cuenta su decisión.

¿Usurpación?

En agosto del año pasado la justicia salteña sobreseyó a cuatro integrantes de la comunidad kolla del Paraje Corral de Piedra, en Salta, que habían sido denunciados por presunta usurpación por parte de la empresa San Ignacio SRL y de una persona, Marcos Ciani, que se endilgaba la propiedad del territorio. El juez provincial Aldo Primucci, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores de Segunda Nominación de Orán, consideró que quienes denunciaron a los indígenas “no poseyeron nunca el lugar que ocupa la comunidad”.

Delia Aguirre, Lidia Aguirre, Francisca Graciela Guerrero y César Guerrero, los cuatro denunciados, forman parte de la misma comunidad a la que pertenecieron sus padres y sus abuelos, pero en 2010, la empresa San Ignacio SRL y Marcos Ciani la querellaron junto a los otros comuneros por presunta usurpación. El juez sostuvo que “estamos en presencia de una comunidad kolla indígena” que es “una persona pública no estatal, es un organización dentro de otro grupo más grande, es decir es una unidad política que tiene preexistencia anterior a la República Argentina”.

De esta manera desestimó el reclamo de la empresa y el particular por presunta usurpación. Una pericia antropológica que detalló, entre otras cosas, que un cementerio apostado en el lugar tiene “una existencia anterior a las escrituras” y allí, las 25 familias que componen la comunidad, residen en el lugar desde antaño, “crían animales, cultivan su huerta para el consumo familiar, poseen un salón comunitario”. Lo que “tiene protección constitucional; la cláusula constitucional es clara, en cuanto reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, dice el juez en la sentencia.