Comienzan los alegatos de las querellas

La fiscalía que interviene en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA concluyó su alegato con el pedido de prisión para doce de los trece imputados. La próxima querella en alegar, será la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En una larga jornada, los fiscales expusieron ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 el tramo final de su alegato, tras nueve audiencias de duración. A lo largo de su presentación, la fiscalía detalló cada una de las pruebas que comprobarían los delitos cometidos por el expresidente Carlos Menem, el exsecretario de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el exjuez Juan José Galeano y otros en torno a la investigación del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994.

En concreto, el alegato rondó dos ejes centrales. Por un lado, el pago ilegal a Carlos Telleldín con fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia para que éste declarara en contra de los ex policías bonaerenses, quienes fueron luego acusados por el atentado y más tarde absueltos en un juicio oral que declaró nula la causa.

Por el otro lado, los fiscales se refirieron al desvío de la pista que apuntaba a Alberto Jacinto Kanoore Edul, amigo de la familia Menem, como uno de los principales sospechosos por el atentado. Dicha línea investigativa, dijeron los fiscales Roberto Salum y Miguel Yivoff, se abandonó por una orden de Galeano acompañada por los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Dicha posición respondió, siempre en opinión del Ministerio Público Fiscal, a las influencias y “poder de lobby” que los Kanoore Edul tenían por la época sobre Carlos Menem, lo que llevó al expresidente a influenciar en el juzgado y frenar la investigación.

En ese sentido, la fiscalía dio por probado a través de escuchas telefónicas y testimonios que el 1 de agosto de 1994, día de los allanamientos a la familia cercana a Carlos Menem, Alberto Kanoore Edul se dirigió a la Casa Rosada a expresar preocupación por la situación y que, en consecuencia, el hermano del entonces presidente, Munir Menem, realizó un llamado al juzgado de Galeano para que dejaran de investigar.

Penas para Menem, Galeano y Anzorregui

De esa manera el actual senador Carlos Menem habría incurrido en el delito de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por lo que la fiscalía pidió se lo condene a cuatro años de prisión e inhabilitación durante ocho para ejercer cargos públicos.

Por debajo del expresidente en términos de jerarquía, se encontraba el ex jefe de la SIDE, Anzorreguy, quien junto a su segundo, Juan Carlos Anchezar, contribuyeron al encubrimiento, incumplieron sus deberes de funcionario e incurrieron en el delito de falsedad ideológica. Por ello, los fiscales pidieron se condene a seis años de prisión a Anzorreguy y tres a Anchezar.

La pena más alta fue para quien tuvo la responsabilidad principal en la investigación y principal acusado por las irregularidades, Juan José Galeano. Para el ex juez instructor de la causa, la fiscalía pidió trece años de prisión.

Quienes acompañaron a Galeano, según el Ministerio Público, fueron los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, para quienes pidieron ocho años de prisión.

Respecto al delito de peculado, relacionado al pago de 400 mil dólares de las arcas del Estado para que sobornar al imputado Telleldín, la fiscalía pidió tres años y seis meses de prisión tanto para el doblador de autos como para su abogado, Víctor Stinfale. Dos años de prisión para quien fuera su pareja, Ana María Boragni, dos años para el espía Patricio Finnen, quien participó de la operación, y un año para Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, quien, se cree, consintió la maniobra.

A su vez, en caso de acordar con la fiscalía, el Tribunal Oral Federal 2 podría condenar al ex jefe del Departamento de Protección al Orden Constitucional, Carlos Castañeda, a tres años de prisión por los delitos de falsedad ideológica, encubrimiento, violación de medios de prueba, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

El único de los imputados que por falta de pruebas no recibió un pedido de pena fue el ex comisario Jorge Palacios.

Así concluyó el alegato de los integrantes de la UFI-AMIA, por lo que será el turno de alegar, en febrero próximo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representante de la querella del Estado argentino en el juicio por encubrimiento.