Comenzó la Conferencia sobre Acceso a la Asistencia Jurídica

En el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, miembros de la Justicia de todo el mundo debaten sobre la experiencia en buenas prácticas de acceso a la justicia de las  poblaciones vulnerables.

El encuentro tiene como eje la aplicación integral de los Principios y Directrices de las Naciones Unidas (ONU) sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia criminal.

La primera conferencia se realizó en Sudáfrica en junio de 2014. Este segundo encuentro fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con el Ministerio Público de la Defensa, The International Legal Foundation (ILF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

En el inicio de la apertura, la canciller argentina, Susana Malcorra, previo a agradecer a los presentes por llegar a la sede del encuentro, destacó que “este espacio de diálogo es para resolver las cuentas pendientes del acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables” del mundo. En esa línea, argumentó que “el Estado debe facilitar estrategias de igualdad en la asistencia jurídica de todos los ciudadanos”.

Santiago Otamendi, secretario de Justicia, expresó que “es muy importante prevenir los conflictos y las disputas” al destacar los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) como programa del Ministerio de Justicia. “Se puede hacer mucho de forma preventiva, trabajar coordinadamente, tenemos mucho que aprender de las experiencias que realizan las ONGs”, señaló.

En tanto, también hizo hincapié en la parte posterior al proceso penal: “Buscamos la reinserción productiva de los detenidos en la sociedad (como el programa Espartanos de Rugby en las cárceles) en la búsqueda de bajar el índice de reiterancia. En este momento hay más de 10.000 detenidos federales, y el triple en las cárceles bonaerenses. Estamos al borde de la superpoblación y, por eso, es necesario trabajar en la asistencia jurídica”, explicó.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se mostró muy esperanzada por las jornadas que se llevan adelante “para compartir buenas prácticas” y “superar falencias”. En esa línea, dijo que hay que “establecer estándares mínimos de asistencia jurídica para quienes sean sometidos a juicios penales y para las víctimas de los delitos”.

A través de un video, también participó del panel inicial la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco.

El panel también estuvo integrado por dos expositores internacionales.  La Directora Ejecutiva de la International Legal Foundation, Jennifer Smith, quien explicó que “hace dos años en la primera conferencia realizada en Johannesburgo (Sudáfrica) soñamos con que unir a todos los abogados defensores era posible”. En tanto, instó la creación de “una Red Internacional de Asistencia Jurídica para aprender mejores prácticas e intercambiarlas entre los países miembro”. A todo con la defensa de los vulnerables, subrayó que “se penaliza a aquellas personas por sus creencias (religión, clase social, raza, etc.) y hay una persecución a las clases minoritarias”.

Por último, René Mauricio Valdés, coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, bregó por el cumplimiento de la Meta 16.9 de la entidad internacional que “pone énfasis en la garantía de la igualdad en el acceso a la justicia para todos. La ausencia de la asistencia legal contribuye al crimen”, sentenció el funcionario estadounidense quien destacó “el sistema argentino de asistencia jurídica gratuita” en busca de una “cooperación internacional” en esta materia.

Las actividades se realizan en sesiones plenarias y encuentros paralelos, que cuentan con la presencia de destacados especialistas como Valérie Lebaux, jefa de la Sección Justicia, División de Operaciones, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Florentín Meléndez, juez de la Corte Suprema de El Salvador; Ananda Mohan Bhattarai, juez de la Corte Suprema de Nepal; Dunstan Mlambo, presidente de la División Gauteng del Tribunal Superior de Sudáfrica y presidente del Comité de Directores de Legal Aid de Sudáfrica; Anat Horovitz, vicedirectora de la Oficina de Defensa Pública de Israel; Maha Jweied, vicedirectora de la Oficina de Acceso a la Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros importantes funcionarios judiciales de varios países del mundo.