La Oficina Anticorrupción (OA) compartió dos jornadas de trabajo sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en casos de corrupción con integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y funcionarios del Reino Unido, Estados Unidos y Chile.

De los lineamientos que propone la organización multilateral para que un país se convierta en su adherente, contar con una norma que permita condenar a las corporaciones que incurren en delitos contra el Estado, no sólo a las personas físicas que participaron de ellas, es fundamental. Mientras Argentina va camino a concretarla, ya que la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (RPE) para casos de corrupción cuenta con media sanción en el Congreso, una comitiva de la OCDE visitó al país para difundir los alcances de tal herramienta.

Fue el pasado miércoles, cuando sus miembros compartieron una mesa de trabajo junto a la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (titular de la OA), Laura Alonso, y sus dos directores Mora Kantor (de Planificación de Políticas de Transparencia) e Ignacio Irigaray (de Investigaciones).

Además, los visitantes participaron de un panel sobre RPE en la Universidad de San Andrés. Este evento -que fue moderado por Guillermo Jorge, del Centro de Estudios Anticorrupción de UdeSA- contó con la participación de Laura Alonso y del coordinador por Argentina en el Business 20 (B20), Daniel Funes de Rioja.

Oficina Anticorrupción
Mesa con Senadores 2

Alonso planteó que aprobar la Ley “nos va a ayudar a acceder a la OCDE y va a mejorar el clima de negocios local e internacional”.

La titular de la OA agregó que “después de la sanción de la ley es importante construir una coalición público-privada por la transparencia”, ya que “sin el sector privado va a ser muy difícil cambiar una historia compleja de corrupción en Argentina”.

Además, no solo penaliza sino que también busca introducir buenas prácticas y generar incentivos para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad. Aprobar esta ley -que ya la tienen países como Brasil, Chile, Colombia, México, EEUU, Francia y España- es uno de los requisitos para ingresar a la OCDE.

Oficina Anticorrupción
Panel UdeSA

Asimismo, destacó que está pensada como una ley preventiva, valoró que “genera incentivos para la cooperación y la autodenuncia” y pidió “que logremos en el Senado las mejores modificaciones para que finalmente Diputados la sancione”.

Precisamente al Congreso se dirigieron un día después tanto Alonso como los invitados: compartieron una mesa con los senadores Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Ángel Rozas, Pedro Baillard, Ernesto Martínez y Sigrid Kuntah y otra con diputados de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General.

Al final de la tarde, Alonso y el Jefe de la División Anticorrupción de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, Patrick Moulette, compartieron un panel sobre ética y transparencia empresarial en el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

El proyecto de Ley de RPE permite sancionar a las empresas -y no sólo a las personas- por delitos de corrupción y promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado.