El límite entre libertad de expresión y censura previa

Cuando la libertad de expresión es llevada a los tribunales hay actuaciones dispares de parte de la Justicia. Un repaso de los casos más resonantes y los postulados de querellas, defensas y jueces ante los pedidos de censura.

Expresiones en programas de televisión, documentales, sátiras y declaraciones son algunas de las muchas cosas que pasan por los tribunales cuando alguien se siente afectado en su ejercicio de la libertad de expresión. La Justicia Civil rechazó esta semana el amparo de los nietos del exministro de Economía de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz, que intentaban censurar el documental Awka Liwen, que explora los vínculos genealógicos de esa familia con el genocidio de los pueblos originarios. Otros casos con diferentes finales pueden recordarse.

El documental, del que participó el periodista Osvaldo Bayer, indaga sobre el financiamiento de la denominada ‘campaña al desierto’ con aportes, entre otros, de José Martínez de Hoz, bisabuelo del ministro de Economía de Jorge Rafael Videla.

Ese dato fue la punta de lanza para que los nietos del exfuncionario demandaran en marzo de 2011 a Bayer, Mariano Aiello y el historiador Felipe Pigna por entender que dañaba “el honor familiar de los Martínez de hoz”. El objetivo fue sacar de circulación el documental pero la Justicia rechazó en primera instancia y esta semana la Cámara Civil lo confirmó.

Los jueces Maria Isabel Benavente, Mabel de los Santos y Elisa Díaz de Vivar consideraron que “desde que los actores pretenden la supresión y modificación de ciertos fragmentos de la película realizada por los demandados, el caso compromete el ejercicio de facultades cuyo ejercicio tutela de manera expresa nuestra Constitución Nacional” y que realizarlo “implica el cercenamiento de derechos tutelados por nuestra Constitución Nacional y por la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Cecilia Pando vs. Barcelona

La edición 193 de la revista Barcelona publicada en 2010 en su contratapa tenía un título que decía: “Las chicas quieren guerra antisubversiva”. Un fotomontaje mostraba a Cecilia Pando atada, al estilo sadomasoquista. Se trataba de una parodia hacía quien días antes se había encadenado al Edificio Libertador para reclamar por la detención de militares procesados o juzgados por delitos de lesa humanidad.

Pando respondió civilmente contra la publicación y logró que la edición fuera retirada de los quioscos. Además, la demandó por daños y perjuicios argumentando que se lesionaba su “honra” y se insinuaba un mensaje criminalizador de su “causa política”. El pasado 6 de mayo la justicia civil falló a favor de Pando y ordenó que la revista la indemnice con 40 mil pesos por “daño moral”.

La jueza civil Susana Amelia Noville, en su interpretación sobre la libertad de expresión, sostuvo que “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”.  Y concluyó que “al igual que las frases que rodean a la fotografía, las que aparecen con un doble sentido y pueden ser hirientes en un lugar y en un momento social determinado”.

El vampiro que secuestró a la Mulatona

En los primeros años de la democracia, luego de la última dictadura,  Carlos Loiseau, Caloi, dibujaba al famoso personaje de Clemente para una serie animada que se daba en canal 13. En uno de los episodios apareció un nuevo personaje, un vampiro de orejas grandes que secuestró a la Mulatona.

Por su devolución pedía la misma suma que en aquel entonces tenía como deuda externa la Argentina, unos 50 mil millones de dólares. La miniserie salió al aire sólo cuatro días. En su remplazo apareció Super Clemente, que armó una estrategia para rescatar a la Mulatona, pero no pudo. El exministro de economía de la dictadura les inició un juicio a Caloi, al canal y un auspiciante. Allí terminó todo.

La jueza barú budú budía

Uno de los casos que quedó grabado en la memoria de los espectadores televisivos de la década de 1990 fue la medida cautelar conseguida por la actual titular del Juzgado Federal N° 1, María Romilda Servini de Cubría. En 1992, la magistrada pidió no ser mencionada en el programa de televisión de Mauricio Borensztein, más conocido como Tato Bores, con una medida cautelar.

Tato esquivó el bozal legal con una ingeniosa canción interpretada por artistas y periodistas: “La jueza barú budú budía es lo más grande que hay”.

Opinión condenada

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado confirmó una sentencia en la que se condenó al exfiscal adjunto del Juicio a las Juntas y exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, a indemnizar a tres jueces marplatenses por haber opinado sobre un fallo dictado en la causa por el homicidio de Alfredo María Pochat, un gerente de la ANSES que investigaba casos de corrupción en el organismo, en 1997, y que fue asesinado de dos tiros en la espalda en su despacho.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata –Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra–, dictaron sentencia en septiembre de 1998. Una vez conocido el fallo, Moreno Ocampo expresó en varios medios de comunicación su disconformidad.

Los tres jueces consideraron que Moreno se excedió en sus dichos y lo demandaron civilmente, argumentando que “se valió de su alto perfil mediático para emitir injurias y calumnias en su contra por televisión, radio y periódicos de amplia difusión”.  La defensa del abogado no prospoeró y deberá indemnizarlos.