Camino a una reforma de la Ley de derechos de autor

Muchos debates se libraron en 2016 en torno al reconocimiento del resarcimiento para los creadores de obras intelectuales. Los productos audiovisuales en Internet son el principal espacio a regular. Perspectivas desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En una era acostumbrada a construir ‘en línea’ sus procesos culturales, una ley de Derechos de autor sin reformar significa un anacronismo. Es el caso de Argentina, no se discute la norma desde que se aprobó en 1933, salvo pequeños parches. Paralelamente, los debates globales dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) vienen desde hace años pregonando un cambio que maximice el acceso a los bienes intelectuales sin dejar de resarcir el trabajo de sus autores u autoras.

El operador de esa transformación social fue Internet, un medio de difusión que no fue pensado para la divulgación de contenido de autor respetando las condiciones que impone su producción. Con él emergieron pronto y con profusas visitas los sitios dedicados a alojar e indexar material ‘pirata’, es decir, por fuera de las legislaciones nacionales, desproveyendo a creadores y realizadores de las retribuciones que les corresponden. Las industrias audiovisuales (como el cine, la televisión y la música) fueron sus principales víctimas, mientras que la editorial tradicional, el mercado de los libros y revistas, sufrió una suerte distinta por la propia lógica de consumo de ese formato.

Este año, desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Argentina llevó ante la OMPI un planteo que es compartido por muchos otros países: promover legislaciones que fomenten instalación de plataformas que alojen contenido de cine y televisión de forma legal, a cambio de un canon del que una parte se retenga para los titulares de derecho de esas producciones.

El titular de la Dirección, Gustavo Schötz, consideró al respecto que “en la medida en que sigan habiendo portales ilegales o anárquicos que buscan no competir ni pagar derechos (permiten ver videos online gratuitos sin consentimiento autoral), no se van a crear plataformas que respeten a los titulares de derechos”. El lobby de esas empresas trasnacionales es muy grande porque viven de la viralización del consumo de videos o piezas musicales.

internet servicio público
Casi no hay portales de contenido audiovisual que respeten derechos de uso

“Desde la DNDA sí queremos beneficiar a los autores, y las reformas que hay no son las que favorecen al derecho de autor, sino a la marginalidad”, remarcó el funcionario, y anunció que un nuevo texto de la Ley de Derechos de autor (la 11723, sancionada en 1933), es “una de las líneas de trabajo” para 2017.

La gestión colectiva

Lo que está subido a la red no implica beneficios para los actores, guionistas, directores, cantantes o quién sea que haya trabajado en la obra, ya que la reproducción de ese contenido es difícil de controlar por parte de sus titulares. Uno de los gremios más perjudicados es el actoral, donde las series o películas argentinas que se suben a la red del ‘botón rojo’ son consumidas irrestrictamente, similar a lo que sucede con la música

Los titulares de derechos están agrupados en instituciones que les permiten defenderse en conjunto, como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) o Sociedad Argentina de Autores Dramáticos (Argentores), es decir, gestionan colectivamente sus reclamos.

Pero para poder recaudar en las redes sociales globales, deberían tener el apoyo del Estado mediante una mejor regulación. En palabras de Schötz, “si esas instituciones lograran sentarse con plataformas como YouTube con un sistema legal que los respalde”, podrían revertir la ecuación que hoy las desfavorece.

Una utilidad de la gestión colectiva es que brinda mayores facultades para que los artistas recauden mejor, y para que los usuarios puedan disponer legalmente de los contenidos. Argentina tiene instituciones ya consolidadas en algunas áreas, como las mencionadas anteriormente, pero su sistema de recaudación no es exhaustivo.

Como contracara, tanto radios como canales de televisión, productoras de eventos y recitales en vivo, al igual que boliches, respetan en mayor medida las disposiciones en materia de derecho de uso. Cuando esto no pasa, una aliada más suele ser la Justicia. Existen más dificultades cuando los eventos son privados, como un agasajo empresarial o un show en un hotel o un crucero.

Pero casi la única injerencia directa del Estado en esas agrupaciones llega de la mano de los tribunales, cuando se inicia una demanda. Por eso, la DNDA evalúa alguna manera de colaborar con estas asociaciones de titulares, tal como ocurre en muchos de los otros 122 países que integran la OMPI.

Una entidad de gestión colectiva tiene miles de titulares de derechos y algunos son más conocidos que otros. A los artistas en general les cuesta mucho participar. El Estado podría colaborar para que sean más eficaces tanto en lo que refiere a sus gastos y distribución de las regalías, como en el sistema de representación

En todo el mundo, la “tendencia” es que los estados tengan mayor involucramiento, ya que al mismo tiempo son favorecidas con un monopolio de representación. En la región los que pican en punta son Perú y Colombia, con la reciente adhesión de Brasil. Argentina es el único país de Latinoamérica cuya ley nada dice al respecto

El robo de señales

Las normas internacionales destinadas a proteger de la piratería a las emisiones de televisión no fueron actualizadas desde 1961, un momento en el que la radiodifusión por cable estaba en sus comienzos y aún no se había inventado Internet. Hoy en día pueden realizarse copias digitales perfectas de programas televisivos, que se transmiten con un simple clic del ratón. Por ello, el robo de señales es un grave problema para los organismos de radiodifusión de todo el mundo.

Ese debate tiene a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como escenario excluyente. Desde hace años se está negociando un instrumento internacional que podría ser un tratado multilateral para la protección de las entidades de radiodifusión. Argentina es una muy activa propulsora de este tratado.

Deuda con las artes plásticas

Biblioteca Popular 'Del Otro Lado Del Árbol'
El ‘droit de suite’ beneficiaría a escultores y pintores

Otra muy importante medida, aún en saldo deudor en la legislación local es el llamado “Droit de suite” (Derecho a seguir, en francés, o derecho de reventa). Se trata de una protección de autor exclusiva para escultores y pintores, los únicos artistas cuya creación produce ejemplares únicos, no replicables. Este derecho autoriza a los artistas o sus herederos a percibir un porcentaje de las ventas posteriores a la primera. En Europa es la regla más que la excepción, en la totalidad del globo son 70 las naciones que la legislaron, mientras que en Latinoamérica Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil también cuentan con esa prerrogativa.

El Derecho de participación (Droit de suite) plantea el cobro de un cinco por ciento en cada venta posterior a la primera -la única que actualmente cobra el artista- y es impulsado por la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos (SAVA). Las galerías, casas de subastas o sitios web de venta y remate deberán actuar como retenedoras del dinero hasta despachárselo al propio autor. Ese proyecto de ley ya fue sancionado por el Senado en 2015 y desde entonces espera ser pasado a la otra Cámara.

El ‘papel’ del autor

Acorde con las políticas de despapelización que impulsa el Gobierno en distintas áreas, Schötz explicó que desde su Dirección también existe la intención de permitir que se tramite online la registración de obras. Hoy el sistema está integralmente resguardado en formato papel. “La idea es hacerlo en línea y federal, por eso estamos modificando el sistema informático y armando el proyecto de ley para tenga el encuadre legal. La información que emitamos desde el sistema, en formato y con firma digital, daría plena validez a los certificados”.