Qué cambia con la reforma del Ministerio Público Fiscal

La reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal obtuvo el martes dictamen en las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara baja y seguirá su marcha en Diputados antes de fin de mes.

Luego de incorporar aportes realizados por representantes de distintas fuerzas, el proyecto que busca modificar la ley 27148 arribó a un consenso con cambios respecto del que presentara el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El dictamen votado respeta el criterio establecido originalmente en la ley 27148 sobre los órganos permanentes del Ministerio Público Fiscal y conserva todas las procuradurías y fiscalías especializadas creadas por la procuración mediante resoluciones.

Todavía más, otorga la facultad de crear nuevas a fin de atender necesidades en la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, estableciendo un sistema de control a través de la comisión bicameral ad-hoc.

Asimismo, establece algunos criterios y requerimientos para los fiscales que al asumir cargos de mayor jerarquía al mando de unidades especiales, deban ser analizados por la misma bicameral. El razonamiento utilizado en ese tópico indica que cada fiscal concursa para ingresar al servicio, luego el Poder Ejecutivo pide acuerdo al Senado, quien aprueba la admisión para un desempeño específico y en un lugar geográfico. Todo cambio, de funciones y jurisdicción, debe ser evaluado en el Parlamento.

Cabe recordar que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público es un órgano constituido recientemente y en cuya titularidad fue designada la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño.

En otro orden, se avanzó también en establecer un plazo para el ejercicio del cargo de procurador general, que será de cinco años. La idea de establecer ese lapso surge de las experiencias de varios países y las sugerencias llevadas a cabo por organizaciones vinculadas al mundo de la Justicia, con el objetivo de terminar con las reminiscencias medievales de los cargos vitalicios y otorgar mayor legitimidad republicana al Procurador General de la Nación.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que el mecanismo del juicio político sólo resulta aplicable a los casos expresamente previstos en el artículo 53 de la Constitución Nacional (Fallos 314:1091, 320:2509, entre otros), que no menciona al PGN, se prevé un mecanismo para la remoción del Procurador General de la Nación mediante un nuevo sistema que garantiza su derecho de defensa y respeta las mismas exigencias requeridas para su nombramiento, es decir, el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros del Senado.

Las modificaciones se sustentan en la necesidad de dotar a la Procuración de elementos que permitan una mayor participación a los fiscales, puesto que a partir de un sistema acusatorio, que se expandirá con el nuevo Código Pocesal Penal, las investigaciones serán impulsadas por ellos. Claro está, para eso se necesita más control del Congreso con un mecanismo de controles cruzados como sucede en muchos países y la mayoría de las provincias.