Los Centros de Acceso a Justicia están repartidos por todo el país y su función principal es la de acercar servicios del Estado a la población. Cómo son las experiencias de trabajo del CAJ de Santa Fe y el del Barrio Maldonado, en Córdoba.

La labor principal de los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) es la poner en contacto a los ciudadanos con todas las políticas sociales del Estado y dar a conocer sus derechos. También acercar soluciones dentro de los estamentos legales de una manera práctica, con celeridad y acortando instancias. En definitiva, los CAJ son oficinas que brindan un servicio de atención legal primaria integral a los problemas que la gente afronta cotidianamente

Los CAJ dependen de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. No funcionan de manera autónoma, sino que integran una red en la que la sinergia de distintos actores posibilita que esa gestión resulte exitosa. En la Argentina hay en funcionamiento 85 centros diseminados en todo el país, con uno como mínimo por provincia.

“Es importante la articulación institucional con los tres niveles del Estado y con las instituciones y organizaciones sociales, y la universidad”, recalca María José Bournissent, que tiene a su cargo el CAJ de la ciudad de Santa Fe.

“Trabajamos ese eje porque nos hace fuertes y conocidos en el territorio; lo central es que las organizaciones nos deriven casos, nos recomienden, y a su vez nosotros poder dar una respuesta más adecuada y completa a los vecinos para el tratamiento de un problema: frente a una consulta específica, necesitamos operar conjuntamente con otras áreas”, detalla la coordinadora.

El CAJ de Santa Fe también articula con el Poder Judicial a través de la Procuración de la Corte, de la cual dependen las defensorías zonales que atienden a las personas en situación de vulnerabilidad social y que actúan en distintos barrios de la ciudad. También con el Ministerio Público de la Acusación y con organismos nacionales como ANSES y Desarrollo Social. “Este trabajo en red se decidió a partir de un diagnóstico territorial que se hizo en conjunto con la trabajadora social del CAJ, en el que se relevó las organizaciones e instituciones sociales que tienen gravitación en el territorio”, explica.

Mecanismos más eficaces y rápidos

La sede del CAJ está en un Centro Integrador Comunitario (CIC), y desde el territorio articula con varios programas municipales: con un jardín, con escuelas de trabajo que intervienen con jóvenes en litigio con la ley (de 18 a 24 años) que no han terminado sus estudios secundarios y con programas nacionales como los de formación para adultos mayores y con un centro de salud.

“Enfrentamos a diario problemáticas graves de niños en situación de vulnerabilidad -ejemplifica Bournissent-. Cuando articulamos, buscamos un referente que nos permita tener un canal de comunicación inmediato, para poder dar una respuesta y no tener a la persona en un camino interminable de una institución a otra”.

Un ejemplo: “A veces no tenemos las herramientas adecuadas para dar, por ejemplo, un botón antipánico. Entonces trabajamos con la municipalidad, le informamos: ‘Mirá, esta mujer necesita ya un botón de alerta’. Nos encargamos de acompañarla en la gestión hasta que se le asigna”, dice.  Así, los mecanismos se vuelven más eficaces y más rápidos.

Ese centro trabaja en red con la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, mediante consultorios jurídicos gratuitos y alfabetización legal. Trabajan con un sistema de derivación a los consultorios jurídicos de la facultad de aquellos casos que advierten que pueden ser patrocinados y responden a ciertos protocolos.

En funcionamiento desde hace 5 años, al CAJ santafesino lo integran cuatro personas: dos abogados, un asistente social y un administrativo. La coordinadora afirma que merced a esa articulación institucional ha aumentado el número de consultas, que asciende a alrededor de 400 mensuales.

Córdoba: con la ayuda de la sociedad civil

Otro ejemplo, entre muchos otros, es el CAJ en el Barrio Maldonado, en la provincia de Córdoba. Su coordinador es el abogado Sergio Carullo, que sostiene que “este trabajo es un desafío: el de poder articular, de manera correcta, nosotros como Estado, trabajando sin superponerse con la organización social que tiene su trayectoria en el territorio, sin generar tensiones, y a la vez ellos asumiendo el desafío de tener una herramienta que brinda un servicio y que es un recurso escaso que hay que aprovechar al máximo”.

El CAJ cordobés recibe unas 800 consultas mensuales, que son recepcionadas por cuatro profesionales. Trabajan en sincronía con la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), el sindicato de trabajadoras sexuales; la organización social La Poderosa, en el barrio Yapeyú; con el Consejo Barrial de la seccional 5, y con la Escuela Güemes. “Gracias a la sociedad civil, llegamos a poblaciones y lugares que nos sería muy difícil acceder desde nuestra oficina”, explica Carullo.

Si se articula con organizaciones que tienen muchos años de trayectoria, con un registro de problemáticas específicas, se multiplica la llegada referenciada al territorio para trabajar con tranquilidad. “Y además se genera confianza para que el consultante se acerque al CAJ”, ejemplifica Carullo.

El abogado señala que la lógica del CAJ es la de la “autogestión, no la asistencia total, porque nos volvemos imprescindibles y no terminamos de empoderar realmente para que gestionen sus derechos, pero es fundamental la coordinación con distintas ONG y organismos, con reglas claras sobre el rol de cada uno”.

Por ejemplo, cita a la Poderosa: “Es un barrio con una alta conflictividad. En ese lugar hacemos un relevamiento institucional con la escuela, con el centro médico primario, con las otras instituciones intermedias. Porque no podemos desprendernos de ellos y ellos trabajan allí desde hace mucho tiempo, y lo hacen a diario, a conciencia”.

La coordinación con las organizaciones de base es fundamental, por ejemplo, en situaciones de violencia de género o de conflicto con la ley penal, porque se aceleran los tiempos de gestión. “Muchos de los problemas los estamos detectando gracias a esta sinergia con las organizaciones sociales”, dice Carullo.

De eso se trata, entonces, la interacción entre el Estado y las distintas organizaciones de la sociedad civil: de aunar esfuerzos para que los ciudadanos, sobre todo los que se encuentran en situación de mayor fragilidad social, puedan encontrar una respuesta rápida y eficaz a los requerimientos de acceso a sus derechos, a menudo vulnerados o desoídos.