El derecho a la salud como vía a una mejor calidad de vida

El máximo tribunal de Chaco obligó la cobertura de una operación a una ciudadana con obesidad mórbida.

La obesidad es considerada desde 1998, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia global. En nuestro país, la Ley de Trastornos Alimentarios 26.396 se sancionó en agosto de 2008 declarando de “interés nacional su prevención y control”. En los artículos 15 a 19 detalla las obligaciones de las prepagas y obras sociales con respecto a las coberturas para pacientes con este tipo de diagnósticos.

La normativa detalla que “la obesidad, la bulimia y la anorexia nerviosa” son considerados “trastornos” y  que “sus tratamientos nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos, y todas las prácticas médicas necesarias” por parte de las prestadoras de salud serán “para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades”.

En un fallo reciente, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco dispuso que el Instituto de la Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) que depende del gobierno provincial deberá cubrir el 100 por ciento de los gastos de una cirugía de bypass gástrico a una paciente.

La historia comenzó en 2014 cuando Analía Graciela Rodríguez, según la sentencia, decidió acudir a la Justicia para promover un amparo a fin de lograr la cobertura de la cirugía bariátrica a realizarse en el Centro Médico Integral de Endocrinología y Nutrición de la ciudad de Corrientes. En su demanda inicial, explicó que hizo todos los reclamos correspondientes desde el 14 de noviembre de ese año pero no tuvo respuesta. Sólo la negativa desde el instituto regulador que en una resolución del directorio de marzo de 2015, autorizó a cubrir la suma 28 mil para la cirugía, descontándose el 30 por ciento (8400 pesos) a cargo de la afiliada.

La paciente convive con uno de los más graves trastornos alimentarios que es la obesidad mórbida. Pesa 135 kg, desde hace 20 años, y ya se sometió a innumerables intentos dietéticos con varios fracasos, según su testimonio en el expediente, por lo que optó por someterse a dicha cirugía que en sí implican otro riesgo para su salud.

Derecho a una mejor calidad de vida

En la causa (R A G C/INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PRESTAMOS S/MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA) que llegó a fines del 2016 al Máximo Tribunal de Chaco, los jueces expresaron que la sentencia de primera instancia “contraviene la ley de obesidad que obliga a las obras sociales a cubrir el 100 por ciento de las sumas dinerarias que deriven de los tratamientos”. E Insistió en remarcar que “su reclamo es urgente, pues su vida se encuentra en situación de riesgo”. Fallo obra social by pass gástrico

En la sentencia de diez páginas, los supremos Isabel Grillo y Alberto Modi, explicaron que está probada la “verosimilitud” del pedido de la demandante Analía Rodríguez a través de la presentación de certificados médicos, informe psiquiátrico, historia clínica nutricional, estudios clínicos, evaluación cardiológica, anatomía patológica y el diagnóstico por imágenes como material probatorio en la causa. Y que el derecho a la salud reclamado tiene como derivado “la vida pues la salud constituye uno de los bienes primarios de todo ser humano”.

Citando los términos de tratados internacionales como el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, los magistrados manifestaron que “resulta necesaria la práctica de la cirugía (…), toda vez que la demora en tramitar la causa principal pondría en riesgo la vida de la accionante”. Y agregaron: “(…) y el caso que nos ocupa debemos enfocarlo en el campo de los derechos humanos, en tanto el derecho a la salud ostenta un valor, que en su concepto más extenso significa el derecho a una mejor calidad de vida, aspecto que constituye el objeto mismo de esta demanda”.

En tanto, citaron a la OMS, que ratificó que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Los jueces tomaron esta frase para enfatizar que “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas las condiciones de vida saludables y de servicios disponibles, accesibles y de buena calidad”.

Por último, instaron a que las autoridades públicas y privadas brinden las prestaciones, así como la provisión de terapias y medicamentos, conforme lo sostiene la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo enfatizaron que con la sanción de la ley Nº 26.396 quedó establecido que la obesidad es una enfermedad y que “el Estado, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tienen el compromiso de luchar contra la obesidad en su faz preventiva de diagnóstico y de tratamientos diversos para tal fin”.