Buscan ampliar los alcances de la figura del enriquecimiento ilícito

Una iniciativa que ya tomó estado parlamentario busca que los cómplices de los funcionarios que cometan hechos de corrupción también sean alcanzados por este tipo de delito.

Familiares, amigos y conocidos son quienes, en numerosas ocasiones, ayudan a los funcionarios corruptos a desviar fondos. A estas personas se las conoce comúnmente como “testaferros”, y su participación en esta clase de hechos es la que dificulta las investigaciones y hace que la Justicia deba rastrear durante más tiempo el rastro de los fondos malversados.

Un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario en la cámara baja apunta contra estos personajes, los civiles o particulares que abonen al enriquecimiento ilícito, de modo que su participación en el robo no quede impune.

El proyecto, del diputado nacional Gustavo Fernández Mendía (PJ), prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes colaboren en la tarea del funcionario que lleve a cabo el robo de fondos públicos.

Uno de los puntos destacados de la ley también apunta al manejo discrecional de las obras públicas, ya que también establece la aplicación de esta pena cuando se detecten maniobras que benenficien a quienes se encuentren vinculados a los funcionarios que las asignen. Se busca, de esta forma, garantizar el proceso correcto de licitaciones.

En la actualidad, el artículo 268 (2) del Código Penal “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.

La propuesta de Fernández Mendía establece un cambio en este artículo e introduce a los particulares que enfrentarán las mismas penas. Además, a diferencia de la normativa vigente, elimina la multa del 50% del monto de lo robado y busca que la devolución sea del total de lo que la Justicia entienda que fue “desviado” de las cuentas públicas.

En los fundamentos de la iniciativa, el diputado manifestó que “una de las principales preocupaciones de los argentinos en la actualidad es la corrupción, y ante la sola mención de esta lamentable práctica resulta casi inevitable relacionarla con la obra pública, sus contratos y las concesiones del Estado”.

“A diario recibimos a través de los medios de comunicación noticias en las que se entremezclan dichos y hechos sobre la materia, algunos de carácter oficial y otros periodísticos que van conformando una trama casi novelesca que derrama una espesa mancha sobre la honra de todos los que participan de estos procesos”, añadió el integrante de la cámara baja.