En busca de más garantías para preservar las pruebas

Muchas veces las causas no avanzan o se frustran los procesos por el mal tratamiento de las pruebas o la contaminación de ellas. Un Programa dependiente del Ministerio de Justicia se ocupa de generar avances en ese terreno.

Optimizar tiempos y recursos, articular disciplinas, intercambiar experiencias y conocimientos  en pos de llegar a esclarecer un hecho delictivo, son parte de los objetivos del Programa Nacional de Criminalística. Dependiente de la subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Martín Casares, es coordinado por el antropólogo Santiago Del Carril.

Y desde allí se presta colaboración para que los operadores judiciales cuenten con todos los elementos y conocimientos para establecer los hechos y sus autores. “Lo que hacemos es formar a los operadores judiciales, a la Justicia, en temas de investigación criminal”, explica Del Carril.

El Programa, que cuenta con especialistas en criminalistas, comportamiento delictual y escena del crimen, entre otros, está en pleno proceso de expansión y consolidación. Su agenda incluye capacitación, presencial y a distancia, la generación de manuales, y el mejoramiento de los laboratorios regionales. En la búsqueda de alcanzar los mejores resultados, también se creó un Comité Asesor Ad Honorem que, entre otras cosas, se reúne una vez por mes para orientar y validar los contenidos que se van generando.

Ciencia y Justicia

¿Cuál es el mejor modo de recolectar prueba en la escena de un crimen? ¿Cómo se pide correctamente un perfil genético? ¿Una pericia balística? “Nuestro foco es trabajar en investigación criminal en la articulación entre lo que es la producción de la prueba, que es policial, pero sobre la que los fiscales tienen que tener un cierto tipo de control al momento que se las  recoge”, asegura Del Carril.

“Lo que tenemos que tener son operadores judiciales que sepan controlar el levantamiento de prueba, que sirva, porque después ellos son los responsables de llevarlo a juicio.  Entonces tiene que haber personas que sepan si se está levantando bien, cómo se hace el procedimiento”, agrega.

Tras la recolección llega el tema de pedir el análisis de esos materiales a los diferentes expertos. Es ahí que muchas veces los operadores judiciales mandan oficios por los distintos temas y no saben exactamente qué pedir, cómo hacerlo, o qué información necesitan para reconstruir qué puede haber pasado. Se pierde de vista cuál es el objeto de eso, que es “que vaya haciéndose una teoría de lo que pasó. Y empiecen formulando hipótesis, tienen que ir armando un esquema, un rompecabezas, una teoría del caso, que es la que después va a llevar a juicio” completa Del Carril.

“Una de las preocupaciones es, justamente, la valoración de la prueba, es decir, de qué manera la información es utilizada y aprovechada para la explicación de los hechos ocurridos. Lo que observamos es que hay cierto ruido en el diálogo entre ciencia y la Justicia, entre los saberes periciales y su integración en la resolución de las investigaciones criminales. Por lo que apuntamos a construir esos puentes, ese diálogo entre diferentes saberes y su utilización en el modo en que se explica lo sucedido frente a un delito.”

En la búsqueda de mejorar ese diálogo entre las partes, ocupa un rol central el Consejo, que tiene entre sus miembros a referentes de los distintos ámbitos que intervienen en los casos; referentes del Poder Judicial, de institutos de capacitación, sociedad civil, CONICET, entre otros.

Con los aportes de este Consejo, se busca mejorar los programas que se dictarán desde el Programa, crear nuevas ofertas, identificar necesidades de formación y buscar mecanismos para saldarlas. Con diferentes modalidades, que combinarán la parte presencial con el dictado on-line, alguno de estos cursos tendrá un caso que lo atraviese y que, a fin de curso, tendrá una puesta en escena.

El Programa también en el estudio del estado de situación en que se encuentra las capacidades periciales de las provincias; esto es, entre otros temas, cómo están los laboratorios en donde se procesan las evidencias recabadas en las escenas del crimen. En este aspecto, se busca conocer el estado en que están, identificar necesidades de inversión y de capacitación, de manera que los poderes judiciales cuenten con todos los instrumentales necesarios para el procesamiento de lo recogido en el proceso investigativo, que le garantice conocer fehacientemente los hechos ocurridos.

“Es -remarca del Carril-, otra herramienta con la que deben contar los poderes judiciales para un adecuado tratamiento de los indicios que se levantan durante la investigación criminal: buenos laboratorios supone mayor validez y sustento al momento de acusar a una persona”.

En definitiva, se trata de fortalecer los instrumentos de investigación criminal articulando ciencia y justicia, para perfeccionar el proceso penal logrando mayor credibilidad en las investigaciones.

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