Buenos Aires cuenta con su propia Oficina Anticorrupción

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, presentó este organismo, que en realidad, en la órbita del Ministerio de Justicia provincial, lleva el nombre de Oficina de Fortalecimiento Institucional. Cuáles son sus tareas y objetivos.

“Cuando hay corrupción en el gobierno hay mucho más que un delito, porque hay recursos de nuestros vecinos que se van a otro lado”, señaló esta semana la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la presentación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), el nuevo organismo dependiente del Ministerio de Justicia provincial.

Más allá del nombre, cumplirá la misma función que la Oficina Anticorrupción: además de recibir denuncias, trabajará para generar políticas públicas y proyectos sobre ética en la función, recibirá denuncias. Ciudadanos, funcionarios y empleados del Estado en general podrán llevarlas a cabo a través de un formulario.

Entre otras cosas, la puesta en funcionamiento de este nuevo organismo viene acompañada de un decreto de Ética Pública, en donde se regulan cuestiones como conflictos de intereses, régimen de obsequios e incompatibilidades con la función pública. También se prevé la elaboración de un nuevo proyecto para Declaraciones Juradas.

En tanto, las denuncias de posibles hechos de corrupción, o por su nombre técnico, delitos contra la administración pública, podrán llevarse a cabo a través de una plataforma web o físicamente.

A esto se suma un nuevo sistema de Declaraciones Juradas, además del proyecto para reformar esta herramienta, y todos estos documentos estarán disponibles en la web para que cualquier persona pueda consultarlos.

Entre otras iniciativas, se elaborará un Mapa de Transparencia para evaluar cómo se encuentra hoy el Estado provincial en materia de fortalezas y vulnerabilidades de cara a la lucha contra la corrupción. Después de que se termine de producir esta herramienta, se trabajará en los puntos más débiles.

Pero esta iniciativa también contempla a otra de las partes que puede estar involucrada en hechos que afecten a la administración pública: se precisó, en el decreto de Ética Pública, que las empresas estatales de la provincia deberán adoptar medidas, formas de control interno y las acciones necesarias para evitar este tipo de delitos.