Ya declararon 60 testigos. Las querellas evaluaron que el proceso se encamina a probar que hubo irregularidades en la actuación del ex juez Galeano, acusado de desviar la investigación hacia policías bonaerenses y alejar sospechas de la llamada ‘pista siria’.

Hace un año que comenzó el segundo juicio en torno al atentado a la AMIA, que investiga el presunto encubrimiento llevado adelante durante la primera actuación judicial para esclarecer el ataque perpetrado el 18 de julio de 1994, hace 22 años. 85 personas murieron y 300 resultaron heridas esa mañana, a las 9:53.

La causa actual se abrió en 2000 cuando Claudio Lifschitz -uno de los prosecretarios del juzgado federal 9 en el que recaló la investigación del atentado- denunció el desvío de la investigación por parte del ex juez Galeano, con participación de los servicios de inteligencia y la Policía Federal. Así fue como inició el camino por el cual llegaron al banquillo de los acusados trece ex funcionarios de gobierno y ex miembros del Poder Judicial, la policía y la Secretaría de Inteligencia.

Según los responsables del Tribunal Oral Federal 3, el proceso que inició en 2001 y concluyó en 2004 dejó a la vista -tras la destitución del juez responsable, Juan José Galeano- una “maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. El ex comisario bonaerense Juan José Ribelli pasó 115 meses en prisión acusado de entregar a los autores del atentado la camioneta Trafic que explotó en Pasteur 633. Su absolución, al igual que la del resto de los acusados, llegó dos semanas después del fin de aquel primer juicio oral.

Por ser parte de la “maniobra”, habría recibido 400 mil dólares Carlos Telleldín (primer detenido por ser el último poseedor conocido de la camioneta blanca) por parte del entonces magistrado Galeano y el responsable de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy. El pago habría tuvo como fin dar una declaración falsa que desviara las acciones hacia supuestos perpetradores internos.

De las seis querellas, entre las que se encuentra el Estado argentino representado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una de las abogadas, Mariana Stilman, consideró que pasado un año de debate el “balance es positivo ya que de los testimonios surgieron elementos de relevancia para probar la acusación” de encubrimiento.

En esta misma línea, Horacio Etcheverry, representante de la querella de la agrupación de familiares 18J, dijo que a su parecer “el juicio va avanzando en el sentido previsto y se confirman la mayoría de las hipótesis”. Igualmente, lamentó, “nos hubiera gustado que surgieran más elementos pero el tiempo conspira contra nosotros y queda claro que el pacto de silencio entre imputados no está completamente roto”.

Aportes testimoniales

Son casi 60 los testigos que hasta ahora ingresaron a la sala AMIA, entre los cuales se encuentran ex policías bonaerenses, que se convirtieron en querellantes una vez que se hizo público un video en el que el ex juez negociaba con Telleldín.

De sus testimonios se puede destacar, como sostuvo Stilman, que “el desvío de la causa hacia la conexión local a cargo de los policías queda configurado a partir de los testigos que denunciaron haber sido presionados por Galeano y funcionarios policiales”.

Todos los agentes bonaerenses que declararon en el juicio aseguraron haber sido coaccionados para acusar a Ribelli por el ataque con el coche-bomba. A los policías les ofrecieron dinero y hasta una nueva identidad y salvoconducto al exterior a cambio de una nueva declaración contra el comisario.

Todos los agentes bonaerenses que declararon en el juicio aseguraron haber sido coaccionados para acusar a Ribelli

Por otro lado, los familiares de las víctimas testimoniaron ejemplos concretos de fallas en la investigación de Galeano y complicidad de la dirigencia comunitaria judía (el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, está imputado en este juicio). “Entraban al juzgado como si fueran amigos. Su trato cordial sorprendía. En cambio a nosotros, no nos dejaban ver los expedientes”, dijo Adriana Reisfeld de Memoria Activa.

Otros testigos, en especial policías, agentes de la SIDE o empleados judiciales, pasaron por el subsuelo de los Tribunales alegando, sobre todo, mala memoria ante algunas preguntas: Eduardo Aguilera, ex agente de la División Protección al Orden Constitucional (DPOC) y del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal terminó arrestado por falso testimonio por sus contradicciones y reticencia a contestar.

Por otra parte, una de las hipótesis principales de este juicio corresponde al abandono de la llamada ‘pista siria’, interrumpida en agosto de 1994 cuando se ordenaron allanamientos a la familia Kanoore Edul, muy cercana al entonces presidente Carlos Menem. Según la acusación, la orden de cancelar esa línea investigativa salió de Presidencia. “Alberto Kanoore Edul (tesorero de la Cámara de Comercio Árabe-Argentina) entraba a la Casa Rosada como si fuera uno más del staff. Tenía una relación muy estrecha con los Menem”, declaró Carlos Gardiner, secretario de la entidad.

Expectativas

Para el segundo año de este juicio se esperan testigos del Juzgado, la Fiscalía y agentes de la ex SIDE, que podrían aportar datos sobre el video que -de forma ilegal- grabó Galeano cuando negoció la declaración falsa con Telleldín y sobre el pago que, por ese acuerdo, se le hizo a la ex pareja del armador de autos, Ana Boragni (también imputada).

El representante de 18J en este juicio, por su parte, admitió que no pierden la esperanza de que puedan surgir nuevos elementos sobre las irregularidades pero también sobre la causa principal por el atentado. “No esperamos encontrar a los autores del ataque pero si de este juicio surge a quiénes y por qué encubrieron, sería un gran aporte a la verdad”.