El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está trabajando en la reglamentación de la normativa, aprobada en junio por el Congreso. También se creará un observatorio de seguimiento y monitoreo de la ley.

El Congreso aprobó en junio la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, y las subsecretarías de Política Criminal y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación están en la vía de la reglamentación de la normativa para “darles protección y reconocimiento del rol en el proceso penal”.

El ministro Germán Garavano se reunió ayer con familiares de víctimas. Les informó que la reglamentación avanza con la puesta en marcha de un observatorio de monitoreo y seguimiento en el que se los convocó a participar “activamente”. Del encuentro participaron Isabel Yaconis, Matías Bagnato, María Luján Rey, Viviam Perrone, Guillermo Bargna, Diana Cohen Agrest y Jimena Aduriz.

El funcionario los convocó a participar del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), un organismo que funcionará en el ámbito del ministerio. Los familiares fueron invitados a aportar su visión, opiniones y el seguimiento de su funcionamiento.

Cuerpo de abogados para las víctimas

Por otro lado, unos 250 profesionales se dedicarán a la asesoría legal y gratuita de personas en situación de vulnerabilidad social que hayan sufridos delitos graves como homicidios o violencia de género.

El plan piloto se implementará en cinco de los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Sus miembros trabajarán en conjunto con los Centros de Asistencia a la Víctima (CAVAJ). En principio estarán presentes en los distritos de San Martín, Junín, Mercedes, Necochea y Trenque Lauquen.

También avanza la creación de un cuerpo de letrados a través de un convenio entre la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, y el ministerio de Justicia bonaerense, cuyo titular es Gustavo Ferrari. El objetivo: la implementación de un Plan Integral de Asistencia a las Víctimas en territorio bonaerense.

Cómo funcionará

El cuerpo de abogados asistirá a víctimas de delitos que consistan en “graves atentados contra la vida y la integridad física, en especial en situaciones de violencia de género o contra la integridad sexual”. En ese marco, la normativa pone especial atención en ciudadanos con escasez de recursos económicos que no pudieran afrontar los gastos de asistencia o patrocinio letrado en las causas penales correspondientes.

En esta primera etapa, serán fiscales ya en funciones quienes realizarán las tareas de asistencia. En cada departamento judicial habrá dos abogados. La idea final es llegar a entre 200 y 250 profesionales en toda la provincia exclusivamente dedicados a esta problemática.

Para su funcionamiento es necesaria la aprobación de una ley específica en la Legislatura bonaerense. Y la idea de ambas instituciones es crear los cargos del cuerpo de abogados con el nivel equivalente al de secretario de juzgado de primera instancia.

Derecho a intervenir en la causa

¿Cómo trabajarán los abogados que tendrán el contacto con los damnificados? El acuerdo dice que el primer paso es recibir la denuncia de “inmediato”, con un “trato digno y respetuoso” y “respetando la intimidad” de la persona afectada.

Las víctimas de delitos podrán pedir “medidas de protección para su seguridad” y la de sus familiares. Podrán ser asistidas de manera“psíquica, física y social”. Y tendrán derecho a intervenir en todo el proceso penal y ser notificadas de las resoluciones que afecten sus derechos.

Por último, las víctimas deberán “ser escuchadas ante cada decisión de la Justicia que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o libertad del imputado”. Y podrán solicitar la “revisión del archivo de la causa, o el sobreseimiento de los condenados, por ejemplo.