Avanza la digitalización en el Poder Judicial

El pleno uso de las notificaciones electrónicas en las fiscalías federales y nacionales del país tiene fecha de inicio: el próximo 1 de septiembre. Así, todas las notificaciones judiciales en formato papel pasarán a ser reemplazadas por las electrónicas.

El Poder Judicial se encuentra realizando acciones de forma gradual para informatizar y digitalizar sus tareas. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su última acordada (el martes 15 de agosto) decidió disponer que desde el primer día hábil de septiembre, las fiscalías de todas las instancias, dependientes de la Procuración General de la Nación, pasen a este nuevo tipo de notificación.

“Todas las notificaciones judiciales que se hacen al domicilio físico constituido o con la modalidad prevista por las notificaciones en formato papel, se deberán reemplazar por Notificaciones Electrónicas”, dice la acordada 23/2017 firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena  Highton de Nolasco, Juan Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Desde 2011, ya son unas seis acordadas dictadas por el máximo tribunal del país en vía de modernizar la prestación del servicio de justicia que se suman a las leyes nacionales dictadas en este sentido en los últimos años: la 25.506, 26.685 y 26.856.

La ley 25.506 estableció lo que puede denominarse el comienzo legislativo de la digitalización en el Poder Judicial al establecer que “cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital”.

En 2011, de forma complementaria, se sancionó la 26.685, que autorizó el uso de “expediente electrónico, de documento electrónico, de firma electrónica, de firma digital, de comunicaciones electrónicas y de domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación”.

La tercera de ellas, la 26.856, establece la publicación íntegra “en formato digital” de acordadas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia que integran el Poder Judicial.

Para la implementación se va a realizar “la validación y registración automática de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que a la fecha de esta acordada no se encuentren registrados en el Sistema Único de Autenticación de Usuarios (SAU)”, explica la acordada.