Funcionarios del Ministerio de Justicia expusieron en la Legislatura porteña los lineamientos generales del proyecto enviado al Congreso que contempla la transferencia de la Justicia nacional en un plazo no mayor a siete años.

Presidida por el legislador del PRO, Daniel Presti, la Comisión de Justicia reunió en el Salón Montevideo de la Legislatura a los secretarios de Justicia, Santiago Otamendi, y Planificación Estratégica, Mauricio Devoto, los subsecretarios de Política Criminal, Martín Casares, y Asuntos Registrales, Martín Borrelli, el coordinador de Justicia 2020, Héctor Chayer, y los legisladores integrantes de la Comisión, pertenecientes a los bloques políticos oficialista y opositores.

Devoto propuso recuperar la Justicia como "valor" social
Devoto propuso recuperar la Justicia como “valor” social

Otamendi destacó  dos conceptos de proceso de traspaso: su “gradualidad” y “progresividad”, en alusión al plazo  de siete años estipulado para concretarlo y a la segmentación de los fueros (empezando por el Penal y el Laboral). Además, en el marco del Plan Justicia2020, se conformaron mesas de trabajo en las que los inscriptos dejan sus aportes en torno a siete áreas específicas, como las referidas a los regímenes laboral y disciplinario, obra social, previsional y sistema penal juvenil, entre otros.

Aparte, el secretario de Justicia de la Nación adelantó que brega por un “traspaso exitoso” y calificó al sistema judicial porteño como un “ejemplo de vanguardia en el país”. En otro tramo, señaló que esta gradualidad busca “garantizar el servicio de justicia independiente”, en tanto que Devoto instó a forjar una Justicia al “alcance de todos los ciudadanos”, y recuperarla “como un valor para darle a cada uno lo que le corresponde”.legislatura-comisionjusticia_03

En tanto, Casares destacó el “diálogo institucional” entre los organismos del Estado y los funcionarios nacionales y los operadores judiciales en materia de políticas criminales. En esa misma tónica, Borrelli ejemplificó esa conjunción de voluntades con el camino que debe transitar la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia hacia su “plena autonomía” en la órbita de la Ciudad.

La iniciativa oficial está en debate en el Congreso nacional y plantea modificaciones a la ley 24.588 sancionada en 1995, conocida como “Ley Cafiero”, que estableció límites a la plena autonomía de la Ciudad en materia de Justicia, la regulación del transporte y el puerto.

La primera reunión celebrada en junio fue informativa y en ella expusieron integrantes de los diferentes organismos que integran la Justicia sobre la base de tres ejes centrales: la transferencia de las competencias judiciales de la Nación y del Ministerio Publico Fiscal a la Ciudad de Buenos Aires; la Inspección General de la Justicia y la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble.

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En el primer acuerdo de trabajo, expusieron el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco; los ministros del Tribunal Superior de Justicia Inés Weinberg y José Casás, consejeros y legisladores porteños, y representantes de la Defensoría General y la Asesoría Tutelar.