Avances en materia de lucha contra el crimen organizado

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participa de una convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Trasnacional. La actividad bianual reúne a todas las partes para analizar en red las políticas públicas en la materia.

Los delitos organizados mueven 870 mil millones de dólares al año, constituyendo la red global ilegal más importante. En ese marco, la Organización de las Naciones Unidas organizó una convención para que sus países miembros compartan experiencias, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre Delincuencia Transnacional Organizada.

La actividad, que se realiza cada dos años, contó la representación del subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, quien focalizó que el “constante crecimiento” del fenómeno “obligó al Gobierno a extremar la investigación, juzgamiento y sanción” de causas relacionadas.Casares

El camino elegido fue el de “elevar la profesionalización del Estado, mejorando sus políticas y mecanismos de coordinación”, según relató, y en ese sentido, una de las primeras acciones para combatir el delito organizado fue la decisión de declarar la Emergencia de Seguridad Pública nacional.

En materia de políticas públicas, coordinadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario destacó los programas Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Contra la Criminalidad Informática y de Coordinación para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

El subsecretario destacó los programas Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Contra la Criminalidad Informática y de Coordinación para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Medidas especiales

Con el decreto que fijó la Emergencia (el 228/16) se creó el “encuadre jurídico para combatir esa clase de delitos”, en tanto que con un instrumento similar (el 152/16) se extendió el Operativo Escudo Norte, que coordina las acciones de vigilancia del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste y noroeste, según el funcionario. Ambas medidas instrumentadas desde el Poder Ejecutivo fueron firmadas por el presidente Mauricio Macri.

Por su parte, fue el rediseño del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados el que dejó en manos de la cartera que dirige Germán Garavano la “implementación de una estructura específica” propia para profesionalizar el resguardo de personas claves en un proceso penal, lo que se complementó con “protocolos de actuación y otras medidas”.

Por otro lado, comentó que se está realizando el Taller Regional en Materia de Delito Cibernético, junto con la Organización de los Estados Americanos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Más de un centenar de jueces federales -de 11 de las 23 provincias- se capacitaron así en materia de ciberdelito.

Capítulo aparte fue el que dedicó para la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que incorporó “nuevas técnicas especiales de investigación”, como el agente encubierto, el informante y las vigilancias, aparte de la figura especial de los “acuerdos de colaboración”.

La reforma del Código Procesal Penal de la Nación incorporó “nuevas técnicas especiales de investigación”, como el agente encubierto, el informante y las vigilancias, aparte de la figura especial de los “acuerdos de colaboración”.

Finalmente, incluyó entre los avances la recuente sanción en el Senado de la Nación del proyecto de Ley sobre Fortalecimiento de los Tribunales Orales Federales, que incrementa la cantidad de Tribunales Orales Federales y permite juicios unipersonales en algunos casos, para otorgar más celeridad a la resolución de causas.