Agregan delitos de fraude al Estado en auditorias a tribunales

El Consejo de la Magistratura de la Nación ratificó en el plenario una resolución que agregó un delito más en la auditoria que se realizará en los juzgados y tribunales federales de todo el país. Se sortearon los auditores.

En un trámite rápido, puesto que ya existía una resolución del presidente del Consejo, Miguel Piedecasas firmada el pasado 4 de julio, el organismo incorporó un delito que había quedado fuera de la auditoria por “error material”. El plenario del organismo debía ratificar esa resolución que incorpora el delito que establece el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal de la Nación, es decir, el “fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

El pasado 30 de junio los consejeros aprobaron la resolución plenaria 342/16 que dio el puntapié inicial a la auditoria que deberá relevar el número de causas iniciada entre 1996 y 2016. Además el Consejo ya sorteo a los auditores encargados de realizar el relevamiento en los diversos juzgados y tribunales. actasorteoauditoresres342-16

Hay que tener en cuenta que hay delineamientos que estableció el Consejo para la realización de las auditorias. En el caso de las causas concluidas, deberá constar el tribunal donde tramitó y la cantidad de recursos humanos con los que cuenta; el delito objeto de la investigación; fecha de inicio de la causa; fecha y modo de culminación; plazo promedio de las causas culminadas.

Mientras que para las causas en trámite, se relevará el número de causas (con el detalle de cada Juzgado); los delitos objeto de la investigación; fecha de inicio; número de expediente, carátula y radicación de origen; fecha de requerimiento fiscal o primera vista; fecha y cantidad de personas citadas a indagatoria; y muchos detalles más que incluyen, por ejemplo, si fue elevada o no a juicio, la cantidad de recursos planteados en instrucción o el tiempo en que el expediente estuvo radicado en Cámara.

El pedido de auditoría fue realizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad y conto con la adhesión posterior del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA) y la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, entre otras.