Una extensa jornada con un buen aporte de detalles

Fueron tres los testigos que declararon ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que investiga la responsabilidad de trece imputados en el encubrimiento del atentado a la AMIA.

En línea con el tema tratado la semana pasada, los testigos son ex policías federales que participaron en la investigación en general y en llamada “pista siria”, en particular.

Juan Ángel Ramírez se presentó primero y contestó con datos concretos a la mayoría de las preguntas que le hicieron. “El 23 de julio de 1994 fui designado al frente de la Superintendencia del Interior de la Policía Federal”, comenzó y explicó que el rol de su oficina pasaba por controlar y suministrar recursos a las direcciones que dependían de la misma, como a la División Protección al Orden Constitucional (POC), cuyo jefe era Carlos Castañeda,  quien escuchaba el testimonio desde el banquillo de los acusados y a quien el testigo se refirió como “inoperante”.

“El POC trabajaba conjuntamente con el Juzgado en la investigación de la causa AMIA. Desde la Superintendencia les facilitamos todos los recursos que pedían”, explicó y recordó su sensación en torno a su relación con el Juzgado de Juan José Galeano: “Fui con el entusiasmo de mi primer día pero ya en la primera reunión me dio la impresión de que no iban a contar con nosotros”.

A pesar de ello, Ramírez se esforzó por participar y organizó a fin de 1994 una reunión con diversas fuerzas con el fin de poner en común líneas de investigación. “Estaba el juez, los fiscales, gente de la DAIA, la SIDE. Pero después se cortó. Muchas pistas no se siguieron y quedamos solos”, lamentó.

También se refirió a una reunión a la que lo invitó el exjuez Galeano para que mostrarle escuchas telefónicas y pedir que se investigara. Según recordó, estaban allí Alejandro Perez Carrega, subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y Armando Calabró, director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. “Me sentí usado porque no me asignaron ninguna tarea. El encuentro era sólo para que la bonaerense profundizara la investigación”.

Carlos Salomone

Después de un breve cuarto intermedio, ingresó Carlos Alberto Salomone, exsubcomisario de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, a cargo de Jorge “Fino” Palacios, imputado en este juicio. Por su declaración testimonial en el juicio por el atentado ante el TOF 3 (2001-2004) Salomone fue denunciado por falso testimonio.

Primero contó que al momento del atentado él y otros policías allegados al subcomisario Palacios, fueron requeridos por Galeano y que esto se debía a la confianza que tenía el exjuez con Palacios.

“Participé unos 20 días en tareas concretas como allanamientos pero nunca nos dieron detalles o nos dijeron qué pistas estábamos siguiendo. Seguíamos ordenes de Palacios”, afirmó.

Según pudo recordar, participó de la detención de Carlos Telleldín y de un allanamiento a un local comercial de la familia Kanoore Edul, hecho clave de la llamada “pista siria” que luego se abandonó. “Llegamos muy temprano. Llamamos por teléfono y como no atendió nadie esperamos todo el día hasta que nos dieron la orden de allanar”, aclaró. Justamente en este juicio se debe probar si, en esas horas transcurridas, Palacios le avisó a los Kanoore Edul del allanamiento y éstos fueron a la Casa Rosada a intentar impedirlo.

Dado que la versión del allanamiento brindada por Salomone se contradice en varios puntos -como la cantidad de inmuebles investigados y personas detenidas- con la del expolicía Claudio Camarero, brindada la audiencia anterior, la Fiscalía, con el apoyo de querellas y defensas, propuso un careo entre los excolegas. El Tribunal deberá dar una respuesta la semana próxima.

González, el memorioso

Por último, y con un testimonio que provocó que la audiencia terminara bastante más tarde de lo normal, Jorge Horacio González, de 54 años, presentó un relato detallado, preciso y lleno de críticas a la investigación del atentado, por la que responsabilizó al Juzgado y a dirigentes políticos.

Unos meses después del atentado, contó, debido a su entrenamiento en terrorismo fundamentalista fue requerido para integrar un segundo grupo de oficiales del POC que se ocuparía de la causa AMIA y estaría a cargo, ya no del oficial inspector Castañeda, sino de Rodolfo Peralta.

“El Juzgado de Galeano nos daba muy poca información. No nos permitía leer toda la causa y además tenía partes reservadas”, expresó y continuó con más críticas: “Era la causa más importante del país y no teníamos sillas, ni impresoras, ni papel. Cada oficial tenía que llevar su máquina de escribir y usábamos autos Renault 6. Los que tenían todo el equipamiento y recursos era la SIDE”.

Los servicios de inteligencia, expresó, actuaban sin informar a la Policía pero siempre en conjunto con personal del Juzgado de Galeano. “Cualquier averiguación que hacíamos, la gente de la SIDE ya había estado. Entorpecían la investigación y Galeano tenía total conocimiento de eso”, aclaró y siguió: “Con el peso que tenía el Juzgado, si decíamos algo, uno podía terminar en Ushuaia o Mar del Plata”. Y aquí hizo una pausa y contó que él mismo fue trasladado meses después justamente a la ciudad costera por una causa que el juzgado le inventó para sacarlo de la investigación. “Para que se den una idea, los pases se hacen a fin de año. A mi, me trasladaron a Mar del Plata un 6 de junio”, advirtió.

Por último, le preguntaron su opinión en torno a la “pista siria”, abandonada por el Juzgado tiempo antes de que González ingresara al POC. “Sé que la habían descartado y que hicieron allanamientos a Kanoore Edul que eran de preescolar. Sin rigor investigativo. La prueba estaba servida en bandeja. No pude creer cómo dejaron pasar eso”, admitió y agregó que la investigación dio un giro hacia los policías bonaerenses porque “necesitaban un chivo expiatorio, una conexión local y Ribelli calzaba justito. Eran superdelincuentes pero fundamentalistas, no”.