Se aprobó la ley de responsabilidad penal empresaria

La Cámara baja sancionó definitivamente la norma que establece penas para las personas jurídicas, como corporaciones, asociaciones civiles y fundaciones. También promueve acciones de prevención de la corrupción desde dentro de las propias empresas. El proyecto original fue impulsado por la Oficina Anticorrupción.

Los actos de corrupción cometidos desde el interior de empresas, organizaciones no gubernamentales u asociaciones de otro tipo suelen tener, en última instancia, personas físicas sobre los que recaen las condenas judiciales. Pero las estructuras con las que llevaron a cabo esos delitos se mantenían sin enfrentar mayores problemas.

Con la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), se ampliaron las herramientas con que la Justicia puede actuar directamente sobre las corporaciones.

La Cámara de Diputados fue la que sancionó, finalmente, esta legislación que permite perseguir y establecer penas para las personas jurídicas, tal la denominación técnica que refiere a organizaciones como empresas, asociaciones civiles o fundaciones.

El proyecto, surgido de esa entidad que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca favorecer además la identificación de las personas físicas que llevaron a cabo el delito. En marzo de este año, Laura Alonso, titular de la OA, destacó entre las ventajas de la norma que “prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos: tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó”.

En buena parte del mundo, perseguir y penar a una persona es el modo que tienen las empresas de responder cuando un juez avanza sobre un caso probado de corrupción, pero nunca eran tocadas las propias compañías. Con la extensión de la responsabilidad penal a las propias empresas u organizaciones se apunta a desaparecer esta práctica.

 

La responsabilidad empresaria

Las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Y la responsabilidad penal subsiste a las fusiones o cambios societarios.

Entre otras cosas, la normativa prevé que se puedan llevar a cabo acuerdos de “colaboración eficaz” con las empresas, en el que estas pueden brindar datos acerca del delito investigado y de esa forma obtener algunos beneficios procesales, como una reducción de la pena, que nunca alcanza a la eximición.

Al mismo tiempo, en esta normativa se establece que los delitos cometidos por personas jurídicas contra la administración pública prescribirán a los seis años de cometidos; y las multas serán equivalentes al valor de la ganancia ilícita multiplicados de dos a cinco veces, acorde a la gravedad del hecho.

El espíritu de la norma, además, es que el sector privado sea el que trabaje codo a codo contra los delitos que tienen al Estado como víctima, propiciando campañas internas de concientización, control y señalamiento de las conductas reñidas con la ley. Además, ofrece prerrogativas para que desde las firmas se denuncie a los funcionarios que aceptaron o solicitaron los sobornos a cambio de beneficios.

En este orden, los delitos sobre los que se aplicará esta legislación -que permitirá que Argentina sea parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- son los de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.

La iniciativa fue discutida en un plenario de comisiones de Diputados, y recibió un dictamen de mayoría y la oposición de algunos bloques. La propuesta había sido tratada en julio de este año por la cámara baja, pero luego, en el Senado, se introdujeron algunas modificaciones y se llegó al proyecto consensuado que fue sancionado esta semana.