Cibercrimen: la Argentina adhirió al Convenio de Budapest

Diputados lo aprobó por ley. El tratado, que se aplica en muchos países, estandariza métodos de combate contra crímenes informáticos. “Es un paso importante”, dijo Marcos Salt, coordinador del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión del país a la Convenio de Budapest que establece criterios, protocolos y legislaciones locales tanto para el combate de estafas informáticas como para la pornografía infantil. Marcos Salt, coordinador académico del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló que es “un paso importante para la Argentina para mejorar los canales de cooperación internacional en materia de evidencia digital”.

El Convenio de Budapest entró en vigencia el 23 de noviembre de 2001. Es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y en Internet mediante la armonización de leyes, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones. Trata, entre otros temas, infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad en la red.

“Esto va a hacer que sea más eficiente la investigación no solo de los delitos informáticos, sino de todos los delitos en donde los fiscales y jueces necesiten evidencia en formato digital”, explicó Salt.

Utilización de la evidencia digital

El funcionario destacó que el convenio es un set de medidas procesales básicas: “Aseguramiento de datos en sistemas informáticos, registro y secuestro de datos informáticos, la intercepción del tráfico en internet. Además, estudiamos medidas de prueba más avanzadas como agentes encubiertos en internet, rastrillajes y accesos remotos a computadoras, siempre cuidando un adecuado balance con las garantías individuales”.

Con la adhesión de Argentina, en la región son cada vez más los países que se suman a la convención. Chile, Paraguay, Costa Rica y Panamá son algunos de los que adhirieron afianzando un movimiento que permite a los países participar de este mecanismo internacional.

La utilización de la evidencia digital trae consigo ciertos beneficios. Según explica Salt, “las pruebas obtenidas en entornos digitales contribuyen a un sistema de justicia más eficiente y moderna. De hecho, creo que el sistema Procesal Penal va a cambiar poco a poco dando paso a investigaciones en las que la prueba digital va ir reemplazando a la prueba física”.

La necesaria capacitación

Durante agosto y gracias a una iniciativa conjunta con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindó una capacitación en ciberdelitos en algunas provincias argentinas.

Con algunos fallos en la materia, y el aporte de especialistas como base, el ministerio lleva a cabo varias iniciativas para avanzar en el conocimiento y capacitación de este tipo de delitos que por su complejidad suponen nuevos desafíos para la investigación criminal.

No existen leyes penales específicas para todos los delitos cometidos en soporte digital. Este es uno de los motivos que impulsan la discusión por la reforma del Código Penal, ya que muchos especialistas y jueces entienden que es necesario incorporar estas conductas a ese cuerpo normativo.