Aprobación y cuarto intermedio para “Responsabilidad Empresaria”

La Cámara de Diputados aprobó “en general” el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria impulsado por el Poder Ejecutivo que busca sancionar la corrupción y el soborno trasnacional por parte de personas jurídicas -empresas, asociaciones civiles y fundaciones-.

A raíz de las divergencias que surgieron durante el debate en el recinto, se dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, momento en el que se completará el debate con la votación en particular, artículo por artículo.

El proyecto, que contó con la aprobación de Cambiemos, Frente Renovador y fuerzas provinciales, contempla además que las empresas que aporten información sobre delitos vinculados a sobornos en los que éstas hayan participado, podrán beneficiarse, durante el proceso judicial, con la eximición de algunas penas y la obtención de reducciones en otras condenas.

La votación del proyecto de ley tuvo por resultado 131 votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones.

La determinación de interrumpir el proceso de tratamiento en particular se dio a partir de la votación en torno al artículo 1, que fija el objeto de la ley, es decir  los delitos alcanzados por la nueva norma.

La propuesta oficial de penalización a las empresas que incurren en actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA) presidida por Laura Alonso, apunta a dar a la Justicia nuevos instrumentos para sancionar la corrupción empresaria en perjuicio de la Administración Pública.

Entre las iniciativas que contempla el proyecto de ley se destaca el hecho de introducir elevadas multas, sanciones que incluso tendrían la efectividad de retirarle a la firma involucrada en sobornos la posibilidad de seguir operando en la Argentina, al ya no poder participar en licitaciones públicas.

La apertura del debate estuvo a cargo de  la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), quien remarcó la importancia institucional de la figura de responsabilidad penal empresaria dado que sería “la primera vez que se aprueba una ley para penalizar la corrupción del sector empresarial”. Al mismo tiempo, la legisladora avaló la figura del colaborador eficaz porque facilita “la obtención de información sobre quiénes son los verdaderos responsables de la corrupción” que deriva en graves perjuicios para la totalidad de la sociedad argentina.

El dictamen de mayoría  amplía la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de los funcionarios argentinos y de las personas jurídicas domiciliadas en territorio nacional,  en los casos específicos de sobornos a funcionarios nacionales y extranjeros.

El diputado Pablo Tonelli (PRO) resaltó que la ley en debate no sólo extiende la responsabilidad penal respecto de las personas jurídicas, sino que contempla la prevención en materia de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas. Rescató además la importancia del artículo 37, que posibilita que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la ley.

Conforme a lo establecido en el dictamen de mayoría, será viable fijar un acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que asuma el compromiso de brindar “información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.

Dicho acuerdo será pasible de prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos admitidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales. Asimismo, el concepto de “colaboración eficaz “no conlleva necesariamente el reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica.

La ley en trámite parlamentario busca reconfigurar la situación vigente que impide responsabilizar penalmente a empresas, fundaciones y asociaciones civiles por incurrir en delitos de corrupción. Hasta la fecha, el sistema jurídico argentino solo prevé que las personas físicas (uno o varios miembros de sus directorios) pueden ser halladas responsables y sancionadas. La persona jurídica puede ser condenada aún cuando no se haya podido identificar o juzgar a las personas físicas que intervinieron en el hecho

Entre los distintos puntos que integran el articulado de la nueva ley, se establece que las personas jurídicas serán pasibles de ser multadas con importes que oscilarán entre el 0,5 y el 20 por ciento de los ingresos brutos anuales que hayan percibido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.

El proyecto tratado en Diputados no se circunscribe al área de la actividad pública: incluirá la creación de un marco normativo que impondrá reglas puntuales que desalienten las prácticas de corrupción también en el ámbito privado.