El año judicial que arranca para la Corte Suprema

Horacio Rosatti; Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta; Ricardo Luis Lorenzetti, presidente; Juan Carlos Maqueda; Carlos Rosenkrantz (izquierda a derecha)

Tras la feria de enero, el máximo tribunal tiene entre mano la finalización de causas de alto impacto político y mediático. Un repaso por esos expedientes y su derrotero judicial hasta la última instancia.

Después de un año donde algunas causas históricas llegaron a un punto final -como la absolución de Fernando Carrera por la causa conocida como “La masacre de Pompeya” o el rechazo a recursos de los músicos de Callejeros que hizo que volvieran a la cárcel-, la Corte Suprema de Justicia se prepara para un 2017 que será igualmente intenso. El tribunal tiene una innumerable cantidad de expedientes en los que deberá expedirse.

Así, la condena a Julio César Grassi por abuso sexual de menores, la sindicalización de fuerzas de seguridad, los derechos de los pueblos originarios en cuanto a la propiedad comunitaria o el tráfico de armas a Croacia y Ecuador son sólo algunos de los expedientes que tienen entre sus manos los cinco magistrados que integran el tribunal.

Sindicatos policiales

Hace 16 años, el Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) se presentó en el Ministerio de Trabajo y solicitó la agremiación de la fuerza. El pedido fue rechazado en dos ocasiones y SIPOBA recurrió a la Justicia. En 2008, la Cámara del Trabajo argumentó que “su situación no es asimilable sin más a las de los trabajadores previstos en la normativa general”. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010 y espera ser resuelta por el máximo tribunal del país.

Para ello, el máximo tribunal del país cuenta con un dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien recomendó rechazar el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa”. Recordando que las normas del derecho internacional reconocen las limitaciones necesarias para proteger la seguridad nacional y el orden público y por eso “delegan en los Estados miembro la armonización de los derechos sindicales con los restantes valores jurídicos y derechos en juego”.

En agosto de 2015, la Corte realizó una audiencia pública en la que las partes explicaron sus posturas. “No hay una ley que habilite esa posibilidad”, dijo Norberto Ciaravino, abogado del Ministerio de Trabajo, siguiendo la línea de la Procuración. En tanto, el abogado de SIPOBA, Alberto José Lugones, contestó: “El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX”.

En agosto de 2015, la Corte realizó una audiencia pública: “No hay una ley que habilite esa posibilidad”, dijo el Ministerio de Trabajo. “El policía está en la misma situación que el obrero del siglo XIX”, contestó el abogado de SIPOBA

Extradición de Lonko mapuche

Tras las represiones a la comunidad lof en resistencia del Departamento de Cushamen existe una causa judicial que está pendiente de resolución en la Corte Suprema y que está relacionada con el lonko de esta comunidad, Facundo Jones Huala. Los jueces del máximo tribunal deberán decidir si extraditan o no al líder mapuche a Chile donde se encuentra acusado de presuntos “atentados” contra aquel país.

Para resolverlo, los jueces supremos cuentan con un dictamen del procurador general ante la Corte, Eduardo Casal, que a mediados de octubre se mostró favorable a que se anule la sentencia dictada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y se extradite al lonko mapuche. Para el fiscal se encuentran “acreditados los requisitos previstos en la convención aplicable y en la ley de extradiciones”.

En 2015 un grupo de jóvenes mapuches identificados Comunidad de Resistencia del Departamento de Cushamen (o Resistencia Ancestral Mapuche) recuperó tierras ancestrales al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40. La recuperación de tierras se produjo a unos 130 kilómetros al norte de Esquel (Chubut) y a 140 kilómetros de la ciudad de Bariloche (Río Negro). Se trata de territorios de la estancia Leleque, a nombre de Compañía de Tierras Sud S.A, una empresa, propiedad de la multinacional Benetton, que posee con más de un millón de hectáreas en la Patagonia.

Grassi, la última sentencia

grassi hablandoEn 2009, Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por “abuso sexual agravado” por dos casos, en un fallo del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Morón. El sacerdote fue detenido recién once años después de que se conocieran los abusos por un informe televisivo emitido en 2002. El 18 de septiembre de 2013, la Suprema Corte bonaerense confirmó la condena contra el sacerdote y la sentencia quedó firme.

Con esta decisión, Grassi fue detenido por el tribunal que lo condenó porque “una decisión en contrario sería de alta gravedad institucional”. La Corte Suprema es ahora la que tiene entre sus manos la revisión de la condena, que ya fue confirmada por el máximo tribunal provincial.

Comunidad Potae Napocna Navogoh

Después de la represión que llevara adelante en Formosa la policía provincial a la comunidad Qom de La Primavera (Potae Napocna Navogoh), en 2010, y de la cual resultaron muertos uno de sus integrantes y un policía, varios fueron los frentes judiciales que se abrieron. Entre ellos, la causa principal, un amparo de la propia comunidad por el derecho a la posesión de tierras ancestrales ubicadas en el departamento de Pilcomayo.

Este amparo, el más importante de las causas que están en el máximo tribunal –unas seis con varias medidas cautelares-, aún no fue resuelto por los supremos. La causa se encuentra desde 2011 y cuenta con un dictamen de la Procuración General que, en julio de 2015, entendió que la Corte tiene “competencia originaria” para intervenir en el amparo porque “el proceso constituye una ‘causa indígena’ de carácter federal, pues la comunidad actora denuncia la violación del derecho de propiedad”.

CorteEn ese dictamen, la fiscal ante la Corte Irma García Netto sostuvo que “surgen intereses contrapuestos” entre la Nación y la provincia porque “el primero reconoció territorio a la comunidad actora, denominando la zona como ‘Colonia Aborigen La Primavera’ y creó el Parque Nacional Río Pilcomayo”, pero la provincia de Formosa, “adjudicándose la titularidad” de parte de estas tierras, los cedió a la familia Celía y al Instituto Universitario de Formosa.

Cabe recordar que en gran cantidad de casos que tienen que ver con pueblos originarios y territorio el máximo tribunal recurrió a no considerar como competencia originaria el caso, ni se adentró en su tratamiento.

Tráfico de armas a Croacia y Ecuador

En 2013, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal condenó al senador y ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. El fallo lo encontró responsable de firmar los decretos, o “las piezas fundamentales del contrabando que se cometió”, y estimó que por eso “conocía” que el destino de las armas era “ficticio”.

Tanto la defensa de Menem, a cargo de Maximiliano Rusconi, como la fiscalía apelaron la sentencia que condenó, entre otros, a siete años de prisión a Menem y a Oscar Camillón, ex ministro de Defensa. La fiscalía apeló, además, la absolución del ex asesor presidencial Emir Yoma, del ex funcionario del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi, y del ex director de Seguridad Internacional de la Cancillería, Enrique De La Torre. Ahora, es el turno de la Corte.

19 años sin aparecer

En un año donde el máximo tribunal decidió sobre una gran cantidad de causas una pasó casi inadvertida. Sebastián Pira tenía 21 años cuando manejaba un Ford Galaxi a 130 kilómetros por hora por la ciudad de Rosario, cuando embistió y mató a Celeste Haiek y Daniela Caruso, en la madrugada del 2 de marzo de 1997. Pira se dio a la fuga y se presentó varios días después, junto a un abogado en la comisaría pero cuando fue citado a declarar, no se presentó. Desde entonces, está prófugo y la causa prescribió.

Pira se dio a la fuga y se presentó varios días después, junto a un abogado en la comisaría pero cuando fue citado a declarar, no se presentó. Desde entonces, está prófugo y la causa prescribió

Es que la Corte Suprema en marzo del año pasado, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Elena Higthon, en una sentencia que pasó casi inadvertida declaró “inadmisible” un recurso presentado por la fiscal de Cámaras provincial, Cristina Rubiolo, después de que la Corte provincial no lo admitiera.

La decisión del máximo tribunal de rechazar el recurso se basa en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, que les permite a los magistrados de la Corte la posibilidad de no argumentar la decisión. El acusado lleva 19 años prófugo y la causa quedó sin responsables.