Foto: Juan Carlos Cárdenas / Comunicación Senado

Se trata de una norma que declara la “emergencia” en materia de ocupación para los pueblos originarios de todo el país, con el objetivo de evitar desalojos y otras medidas judiciales. Tras reunirse con representantes de esas comunidades, el Senado analiza si impulsa una nueva prórroga.

En el Senado de la Nación ya comenzó el tratamiento de la Ley 26.160 que declara la “emergencia” en materia de posesión de tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios. En noviembre culmina su vigencia, con lo que el Congreso deberá decidir si la sostiene o no.

La importancia de la norma, sancionada en 2006 y prorrogada en 2013 hasta el 23 de noviembre próximo, radica en que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea la desocupación de tierras en las que residen grupos humanos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

En su articulado establece que se realice un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, trabajo que aún no se terminó.

Por eso, la comisión especial de Pueblos Indígenas del Senado de la Nación ya se reunió a mediados de julio con casi un centenar de representantes originarios que bregaron por la continuidad de esa ley que, esencialmente, impide los desalojos.

Entrega de mención Domingo Faustino Sarmiento a la revista "Todo es Historia" GABRIEL CANO /COMUNICACIÒN SENADO).-
Foto: Juan Carlos Cárdenas (Comunicación Senado)

Entre las organizaciones indígenas que participaron se cuentan la Unión Diaguita de Tucumán, el Consejo de Comunidades Coyas del Departamento de Cochinoca de Jujuy, el Consejo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci) y Organización QOPIWINI (Pueblos Quom, Pilagá, Wichi y Nivaclé).

También estuvieron la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Federación Pilagá de Formosa, la Asociación Guaraní de Oran en Salta, representantes de los pueblos Lule y Huarpe, entre otras.

Actualmente, el trámite en el Senado cuenta con un dictamen favorable a la prórroga de la ley que está en manos de los senadores.