Análisis del presente y futuro de la justicia en Sudamérica

Acceso a la justicia, prevención de la violencia y el rol de las víctimas fueron algunos de los temas que debatieron ministros de justicia y funcionarios de trece países de Iberoamérica durante dos días, en el marco de las metas ONU para el 2030.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible pautado por la ONU para 2030 tiene tres objetivos: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En esa línea, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericano (COMJIB) y la subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación coordinaron dos jornadas de intenso trabajo en temáticas judiciales para poner en común sus políticas y acuerdos de cooperación internacional.

Ministros de Justicia, fiscales generales, defensores públicos, jueces, y notarios de la región abarcaron contenidos y experiencias de las acciones implementadas en sus países sobre la reducción de las tasas de violencia, la igualdad en el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, el acceso público a la información así como acciones para luchar contra las diferentes formas de corrupción y delincuencia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien abrió el encuentro, destacó que “la agenda 2030 de la ONU tiene como un objetivo poner a la sociedad en el seno de la justicia porque es la única forma de lograr la paz y reducir las desigualdades” porque “el desarrollo de la justicia es la base del progreso de la sociedad”. Y en esa línea unió las metas ONU con el programa Justicia 2020.

El viceministro de Promoción de Justicia de Colombia, Arleys Cuesta Simanca, brindó detalles sobre los métodos de resolución de conflictos que se llevan a cabo en su país y dio una estadística interesante: sólo se judicializa el 10 por ciento de los conflictos. Con lo cual, aseguró que “el acceso a la justicia es la mejor forma de hacer justicia desde un abordaje amplio que incluya también a la educación y a la salud”.

“El acceso a la justicia es un derecho de primer orden para encontrar una mejor solución a los conflictos”, agregó Garavano quien recibió la condecoración Grado Gran Cruz en reconocimiento al respeto por la institución notarial de parte de la Unión Internacional del Notariado.

En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Ricardo Perez Manrique, señaló que “según la Meta ONU #3, los Estados deben promover el estado de derecho y una justicia para todos”. En su experiencia, contó el funcionamiento de una aplicación para el celular donde los ciudadanos encuentran información de 30 mil expedientes y noticias del Poder Judicial de forma gratuita. Y subrayó, que de esta forma “el ciudadano se siente partícipe de un estado de derecho”.

Desde Chile, el fiscal general Jorge Abbott Charme, fue más allá al hacer foco en “privilegiar a la víctima” como “una preocupación central” y como “meta específica del combate del delito”. En esa línea, explicó que desde el Ministerio Público están implementando un sistema de rendición de cuentas como política de transparencia.

Las jornadas del “Encuentro sobre el Futuro de la Justicia en Suramérica: ¿Cómo alcanzar prioridades y metas” se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 y 30 de agosto. En la primera jornada asistió la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti y la apertura estuvo a cargo del secretario general de la COMJIB, Arkel Benítez Mendizabal.

Con el foco en reducir la violencia

Ese fue el tema de debate en uno de los cuatro grupos de trabajo de la jornada de cierre. Los asistentes al encuentro compartieron sus “buenas prácticas” en torno a las políticas llevadas a cabo en sus gobiernos para prevenir o  para reducir la conflictividad en la sociedad. Los ejes estuvieron puestos en la Meta Global ONU#1 que busca reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, moderó el encuentro e hizo énfasis en el “abordaje integral en el territorio” en pos de “reducir los niveles de conflictividad. Una prevención integral con acceso social”, destacó la funcionaria en pos “de identificar buenas prácticas en conjunto y articularlas en la región”.

Con ejemplos claros de trabajo en la materia en países como Guatemala y Colombia, el viceministro de Promoción de la Justicia de Colombia, Arleys Cuesta, explicó el funcionamiento “mediación o conciliación en equidad” como medida para “incentivar el diálogo”. En su país, funcionan las Casas de Justicia en este sentido.

En tanto, en Chile, el fiscal Abbott Charme explicó que implementaron un programa de “evaluación de riesgos entre Alto, Medio o Bajo en todos los organismos judiciales” en pos de “reducir los índices de violencia”.

Por último, la representante del ministerio de Justicia español, Inmaculada Aguado, explicó que les dan mucha importancia “a las asociaciones de víctimas a través de un estatuto” donde se les brinda “asesoría jurídica y psicológica en una oficina especializada de atención a las víctimas”.

En tanto, del secretario general de la COMJIB, Arkel Benítez Mendizabal, dejó la puerta abierta a otros encuentros de cara a la “construcción de un observatorio de datos estadísticos de toda la región” para delinear políticas públicas. En esa línea, resaltó que la cooperación entre los países es fundamental con “la persona en el centro” de la escena.

Acerca de la COMJIB

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es una organización internacional creada en 1992 por el denominado “Tratado de Madrid”, que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 21 países de la Comunidad Iberoamericana (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).