Algunos países de la región desarrollaron esta modalidad de atención judicial como método alternativo de resolución de conflictos. La prueba pilotos, y los casos de Chile y México.

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) son una iniciativa que surgió en los Estados Unidos como una forma de darle un enfoque diferente ante los números que evidenciaban que los detenidos por delitos menores tenían una alta influencia de consumo y tenencia de estupefacientes.

El tema fue abordado en las “Jornadas Internacionales de Justicia Terapéutica”, que organizó la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios (SsRPJyAP) en el marco de un proyecto sobre “fortalecimiento institucional para la implementación de los Tribunales de Drogas” del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) con los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los debates se brindó, justamente, durante el Seminario Internacional “Medidas Alternativas al Encarcelamiento, el modelo de Justicia Terapéutica”, sobre la experiencia internacional de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), medida alternativa al encarcelamiento que se ha implementado en la mitad de los país miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) con excelentes resultados para el sistema de justicia.

Desde la SsRPJyAP a cargo de Juan Bautista Mahiques, se informó  que según estadísticas internacionales de la OEA, más de un 60 por ciento de los delitos es cometido bajo la influencia de drogas o alcohol. Al respecto, un estudio estadounidense de 2002 reveló que el 68 por ciento de la población penitenciaria consume sustancias psicoactivas, mientras que el 55 las había utilizado en el mes anterior al que cometió el delito.

El primer TTD fue creado en Miami, en 1998,  como respuesta al ciclo repetido de ingreso y egreso en el sistema judicial de los infractores dependientes de drogas por el mismo tipo de delitos. Estados Unidos cuenta hoy con más de tres mil. En tanto, se replicó el sistema en 16 Estados norteamericanos así como en distritos de México y Chile, entre otros.

En Argentina, un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de diciembre de 2015, evidenció algunas cifras alarmantes: “Tres de cada diez detenidos cometió el delito bajo los efectos de droga y/o alcohol. Un bajo porcentaje (16 por ciento) reconoció que consume dentro del penal, asimismo más de la mitad de los presos entrevistados vieron consumir a otros. En la Argentina, a diferencia de los otros países estudiados, el 40% indicó que quienes ingresan drogas al penal son los familiares”, explica el informe.

Modelo Integral

Es una medida que fue ejecutada dentro de las estructura del Poder Judicial como una alternativa que buscaba disminuir los niveles de reincidencia en los delitos menores y vinculados al consumo de alcohol y drogas, a través de la rehabilitación de sus participantes. En Estados Unidos, la idea fue planificada para reducir la población penitenciaria y el hacinamiento así como la de fomentar la integración y nivelación social de los detenidos.

La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas se refiere a los TTD como “una división especializada dentro de un tribunal integrada por casos que involucran a infractores que hayan cometido delitos menores no violentos cuya raíz causal haya sido directamente su dependencia a las drogas”.

Una de sus características principales es que debe ser llevada a cabo bajo una estricta supervisión judicial en todo el proceso, con audiencias periódicas de control en las cuales el magistrado es quien selecciona a aquellos que ingresan al programa, y también quienes reciben la graduación o la expulsión.

Por otro lado, es necesaria la intervención de un grupo multidisciplinario del área jurídica pero también de la salud: fiscales, abogados, defensores, médicos, psicólogos, sociólogos, entre otros; y la participación de carácter voluntario del “infractor” o delicuente que accede al tratamiento.

En la apertura, Santiago Otamendi, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, expresó que “la dinámica de la mediación dio respuestas certeras”. “La lógica del diálogo tiene una decisión restaurativa que tiene la fuerza de perdurar en el tiempo. Es una mirada diferente, no estigmatizante”, agregó.

El caso de Chile

Se los denomina Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o alcohol, y funcionan como condición de la suspensión condicional del procedimiento. Se dio luego de la reforma del Código Procesal Penal, y se ejecuta bajo la órbita de los Juzgados de Garantía.  En el país trasandino, el instituto resulta aplicable a delitos con penas de hasta tres años, y sí o sí en casos donde los implicados no hayan tenido condenas previas.

Hace 14 años, que Alberto Amiot, coordinador del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas de la CICAD, de la OEA, trabaja en los TTD. Al principio fue escéptico con su trabajo en ellos, pero luego se convenció que este modelo es una “intervención terapeútica e integral desde la Justicia penal”. En tanto, explicó que son sólo “una parte de la solución” a la delincuencia y la reincidencia.

En Chile, explicaron, había un 60 por ciento de delincuentes que tenía la problemática del consumo de alcohol u otro tipo de sustancias, y que de este universo el 60 o 70 por ciento reincidía en nuevos delitos. Así, entre 1980 y 2017, la población carcelaria creció un 200 por ciento.

Desde el 2004, se experimentó un programa piloto de TTD en la ciudad de Valparaíso y luego ampliado a 29 regiones. Hoy en día, las personas que realizaron el tratamiento durante al menos un año, tuvieron un índice de reincidencia de sólo el 9 por ciento, según explicaron Álvaro Perez de Alercon, jefe de la Unidad Coordinadora de los Tribunales de Drogas y/o Alcohol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Roberto Contreras Olivares, ministro de Corte de Apelaciones de San Miguel, de Chile. Por este programa pasaron 314 ciudadanos.

México en terapia

En tierra azteca, el programa se denomina Programa de Justicia Terapéutica y está inserto en los Juzgados de Control o Garantías. Reyna Mondragón, jefa del Departamento de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, explicó que el 95 por ciento de los delitos eran penados con prisión, y el resto en multas. De ese universo, casi el 60 por ciento eran condenas por delitos menores.

Ese fue el marco para implementar hace 8 años un “programa de justicia terapéutica para personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas”. El Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano contempla los TTD bajo el instituto de “suspensión condicional del proceso”, previsto para los delitos cuya pena de prisión no exceda los cinco años y siempre que no mediare oposición de la víctima o el ofendido.

Este sistema contempla el cumplimiento de cinco etapas para la graduación del “infractor”: una participación mínima en el tratamiento de 18 meses, un plazo necesario de 150 días sin consumir sustancias, obtener la documentación necesaria y obtener educación básica o empleo genuino. En septiembre de 2009 se creó el primer Tribunal en la ciudad de Nuevo León. En 2013, los tribunales se extendieron como parte de una política nacional y federal a nueve Estados más.

En tanto, en Argentina, se realizó una prueba piloto en la provincia de Salta con el apoyo de la OEA. A través de la Acordada 1480 del 3 de octubre de 2013, se instauró el primer TTD en el ámbito del Distrito Judicial del Centro, dependiente de la Corte de Justicia provincial.

Algunas características de su funcionamiento son que en la etapa de instrucción de la causa, el autor del delito puede solicitar, junto a la suspensión del juicio a prueba, su inclusión en el programa con el fin de someterse voluntariamente a su tratamiento. Se excluyen explícitamente del programa las infracciones a la Ley Federal de Estupefacientes.

Si el resultado del tratamiento fuese satisfactorio durante el período de la suspensión, le corresponde al tribunal declarar extinguida la acción penal. Asimismo, la estructura de dicho programa contempla la conformación de un equipo interdisciplinario integrado por dos asistentes sociales y dos psicólogos, asistidos en los casos necesarios por el Servicio Médico de Tribunales.