Búsqueda de consenso hacia una futura ley de alquileres

En la Cámara de Diputados se debate un proyecto de ley que busca bajar los costos de los inquilinos. Cuáles son las nuevas herramientas y los beneficios en el corto plazo.

Según datos oficiales, el déficit habitacional en el país se ubica en el 25 por ciento entre falta de viviendas, precarias, y los que tienen que alquilar un departamento o casa. En noviembre de 2016, la Cámara de Senadores dio por unanimidad media sanción al proyecto de ley para los 6,5 millones de inquilinos. Ya en Diputados, se debaten varios proyectos para que salga uno unificado que beneficie sus condiciones de vivienda.

Un proyecto del diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, busca herramientas para facilitar “en el mientras tanto” el acceso a una locación urbana de los ciudadanos. “Es un medida para ayudarlos y bajarle los costos del alquiler ya que la política de vivienda es un medida a largo plazo. Por suerte, se va a ir resolviendo con los nuevos créditos hipotecarios”, expresó. Proyecto

Con la modificación del artículo 1196 del Código Civil y Comercial de la Nación, si la vivienda tiene como destino la locación “habitacional” y no para un local comercial, al inquilino no se le podría exigir estos puntos:

 – El pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes.

 – Depósitos en garantía o exigencias asimilables por una cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler.

 – El pago del valor llave o equivalente.

En tanto, con respecto al depósito en garantía tendrá que ser devuelto mediante la entrega de una suma, proporcional o equivalente al precio del último mes de alquiler en el momento de restitución del inmueble. Y ese importe, debe ser actualizado conforme lo establece el procedimiento de actualización anual de la locación. Así como que la comisión inmobiliaria no podrá superar los montos máximos establecidos según cada región del país, pero no podrán “ser mayores a un mes de alquiler”.

 Alquiler social

Un punto destacado del proyecto es el que habla de brindar herramientas para los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad a quienes se les hace muy difícil desde obtener una garantía, hasta el oneroso pago del ingreso inicial al departamento.

El artículo 5 que modifica el Código Civil y Comercial menciona que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, dispondrá “un subsidio” a fin de aportar la “garantía” del contrato de locación, un subsidio o el financiamiento parcial del “costo mensual del alquiler” así como “los gastos de ingreso a nuevas locaciones”, con la aclaración que el destino de las mismas sean “viviendas sociales”.

“El programa de garantías para alquileres sociales es para darle certezas al inquilino y al locador en el marco de la sanción de una ley que lo explicite”, remarcó el legislador y abogado de la Universidad de La Plata.

Único destino: mi hogar

En el marco del proyecto de ley, se crea un Régimen de Fomento a la Construcción de Inmuebles que sean de uso exclusivo para la “locación de viviendas”, o sea para alquilarlas. Y también se incentiva a los empresarios del rubro para que construyan “nuevas unidades” a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Las empresas que adhieran a esta medida gozarán de beneficios impositivos siempre y cuando esas locaciones construidas sean utilizadas como “vivienda común o económica, destinada a la locación de vivienda familiar permanente”. Esta medida que menciona el artículo 4 del proyecto tiene como objetivo generar una “mayor oferta de viviendas para bajar el precio de los alquileres”. En esa línea, en el marco de un consenso entre empresarios, Estado y sindicatos generando nuevos empleos, explican, se incluyen exenciones impositivas para los primeros.

Como incentivo para construir para alquilar, el “locador” o dueño del inmueble gozaría de la “exención total o parcial en el impuesto a las ganancias de la renta neta” originada en la locación de las unidades de vivienda. Pero con ciertas condiciones.  Por un lado, que las unidades deberán quedar “ocupadas por un período mínimo de sesenta meses (5 años) consecutivos o alternados”. Por otro lado, que el primer contrato de locación deberá formalizarse dentro de los 120 días posteriores a que el inmueble ya esté en condiciones de habitabilidad, entre otros puntos que también sancionarían incumplimientos empresariales.

En el proyecto que intenta consensuarse en uno único entre lo aprobado en Senado y los de Diputados, se estipula la extensión del contrato de 2 a 3 años de arrendamiento. El sancionado a fines del 2016, fue impulsado por el Frente Nacional de Inquilinos con representación en las provincias de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal.

Con respecto al método de actualización del precio de la renta, el proyecto del PRO es que sea a través del coeficiente de variación salarial (CVS), o sea el porcentaje promedio de lo acordado en paritarias, dado que el mayor porcentaje de los inquilinos son trabajadores asalariados.  Por su parte, el que fue aprobado por unanimidad en Senado, expresa que sólo podrá ser “reajustado anualmente según el índice de precios elaborado por el INDEC, en base a la evolución del índices de precios al consumidor y el CVS, promediados en partes iguales”.

La comisión de legislación general de la Cámara baja está tratando el proyecto y hay expectativa de consensuar ambos en un único dictamen. “La política de vivienda tiene que ser a largo plazo y los créditos a 30 años son una solución. Por eso, hubo un crecimiento de los inquilinos con un número oscilado entre 2 y 7 millones, y estimular a que haya viviendas para alquilar sirve para complementar el proceso en línea con que el objetivo principal que es que haya más propietarios”, cerró Lipovetzky.