Un alegato centrado en el rol del ex juez Galeano

El destituido juez Juan José Galeano.

La querella del Estado acusó al entonces juez de la causa AMIA de privación ilegítima de la libertad, coacción, falsedad ideológica y prevaricato, entre otros delitos. También se refirió al desvío de la llamada “pista siria”.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos continuó hoy con la presentación de su alegato final en el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA ante el Tribunal Oral Federal 2. Desde temprano, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel escucharon al apoderado de la querella del Ministerio, José Console, quien detalló las acusaciones por los delitos de privación ilegítima de la libertad y el encubrimiento de la llamada “pista siria”.

En la primera parte, Console se refirió a las coacciones ejercidas por el entonces juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, sobre Miriam Salinas, allegada a Carlos Telleldín y amiga de su entonces pareja. Justamente por sus vínculos con quien era considerado el último tenedor conocido de la camioneta que habría explotado en la mutual judía, Salinas fue detenida en octubre de 1995 por Galeano bajo argumentos falsos y presionada para que declarara contra Telleldín.

“No sólo fue detenida sin razón aparente sino que pasó más de tres días ante las autoridades policiales sin ser conducida hacia el juez de la causa”, sostuvo el abogado. Además, siguió, en ningún momento el ex juez encontró o siquiera investigó los delitos que le imputó a Salinas y utilizó para coaccionarla: tenencia de droga, de un DNI falso y su participación en el atentado a la AMIA.

Tal es así que a los cuatro días de su arresto, Galeano le dictó la falta de mérito y sin que la medida se encontrara firme le tomó declaración como testigo de identidad reservada, lo que representa una clara irregularidad. Como si ello no bastara, el ex funcionario la instó a Salinas a que accediera a la instalación de equipos de grabación en su domicilio con el fin de registrar las conversaciones que podía tener con Ana Boragni, pareja de Telleldín.

Pruebas falsas

En base a esto, la querella estatal consideró probados los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad de Salinas que le caben en calidad de autor al imputado Galeano y, por el contrario, pidió al Tribunal absuelva a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por no encontrarse probado que se encontraran en las audiencias que mantuvo el ex juez con la mujer.

Console, a su vez, pidió se condene al entonces magistrado también por la coacción a quien fuera el abogado de Salinas, Gustavo Semorile, así como por el delito de falsedad ideológica, al insertar datos falsos en su declaración. También por el delito de prevaricato, por una ilegítima y arbitraria interpretación de la prueba.

Por último, la querella consideró que Galeano incurrió como autor en el delito de privación ilegítima de la libertad de los ex policías bonaerenses Ribelli, Ibarra, Bareiro y Leal, a quienes ordenó encarcelar por casi ocho años en base a “pruebas falsas y valoración arbitraria de otros elementos que él mismo había creado”.

Y explicó, además, que si bien existe una duda razonable, no se logró probar a lo largo del debate que los ex funcionarios Mullen y Barbaccia hayan tenido conocimiento de la ilegalidad de la prueba incorporada por el entonces juez.

La “pista siria”

Por la tarde, el apoderado de la querella desarrolló el segundo eje en el que se basa este debate oral y público: el desvío de la llamada “pista siria” y el encubrimiento a Alberto Kanoore Edul, sospechado de haber tenido algún tipo de participación en el atentado. En este tramo de la pesquisa y su encubrimiento, estuvieron involucrados de manera activa, además de Galeano, el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, su segundo, Juan Carlos Anchezar y el titular del departamento de Protección al Orden Constitucional, Carlos Castañeda.

En relación a Menem, Console sostuvo que dados sus “estrechos vínculos” con Kanoore Edul, el ex presidente ordenó a Galeano y a Anzorreguy interrumpir la investigación el mismo día que se estaban realizando allanamientos en los domicilios particulares y comerciales de la familia Kanoore Edul, de origen sirio libanés. Eso ocurrió, según se desprende de este juicio, por la visita que Kanoore Edul realizó a la Casa Rosada ese día y el posterior llamado de Munir Menem, hermano del presidente, al juzgado de Galeano para ordenar el cese de los allanamientos.

El ex magistrado, dijo Console, “planchó la investigación con el objetivo de ocultar la responsabilidad de los que allí aparecían como sospechosos” y la retomó recién en 2000, cuando Menem dejó la presidencia, lo que confirma aún más la maniobra ordenada por el Poder Ejecutivo.

El alegato continuará con el resto de los delitos el próximo jueves.