Un agente de la ex-SIDE completó su declaración

A puertas cerradas, un agente de la exagencia de Inteligencia, de identidad reservada, completó su declaración. La audiencia pasó a cuarto intermedio cuando iba a hablar otro testigo reservado.

El juicio por presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA llegó a su audiencia 41 con testimonios clave: los de dos agentes de la ex-Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ambos testigos con identidad reservada. La jornada se llevó a cabo sin público para no violar la legislación que rige ese régimen.

Si bien se desconoce si ambos agentes continúan activos, se supo que trabajaron en el marco de la causa que investiga el atentado a la Mutual. El primero en declarar -cuyo testimonio coincidió con el inicio del cuarto intermedio- estuvo a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales entre 1992 y 2003, aproximadamente.

La próxima audiencia será el turno de quien, entre 1992 y 1999, fue director del área de Contrainteligencia, quien ya declaró hace siete días por más de dos horas y este jueves no logró volver a sentarse frente a los jueces.

Según afirmaron los abogados de las querellas, los agentes dieron detalles sobre la labor de la SIDE durante la investigación del atentado a la AMIA, causa cuyas presuntas irregularidades son objeto de este juicio.

Sin ir más lejos, quien estuvo cargo de la Secretaría entre 1990 y hasta 1999, Hugo Anzorreguy, es uno de los trece imputados por encubrimiento, además de estar acusado por abuso de autoridad y presunta autoría del delito de peculado. Anzorreguy tenía a su cargo la custodia del dinero proveniente de fondos reservados de la SIDE con el que se le pagó a Carlos Telleldín para que declarara falsedades que inculparan a policías bonaerenses.

Según explicaron desde el Tribunal Oral Federal 2, la decisión de no admitir público en la sala de audiencias responde a las limitaciones de dar la identidad de agentes extranjeros o información que pueda comprometer la seguridad del Estado. Estas excepciones están contempladas en el decreto presidencial que en 2003 relevó a los funcionarios de la SIDE de la obligación de guardar secreto sobre la investigación del atentado.