El acuerdo mundial que prohíbe las pruebas con armas nucleares

Hace 21 años se firmó un tratado entre la mayoría de los países para prohibir el ensayo y la utilización de este tipo de armas de destrucción. Argentina lo suscribió y así se comprometió a no realizar explosiones nucleares.

Desde su fundación tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1946, la Organización para las Naciones Unidas (ONU) llevó adelante varias iniciativas contra la proliferación de las armas nucleares. Se utilizaron dos veces en la guerra en los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, y según el organismo, en la actualidad aún quedan aproximadamente 26 mil. En tanto, se han llevado a cabo más de 2 mil ensayos. La ONU impulsa “el desarme como la mejor opción para protegernos de sus peligros”.

Hubo varios tratados multilaterales con el fin de limitar el uso de este tipo de armas. Ya en su primera resolución, en 1946, la asamblea general estableció una comisión para tratar los problemas derivados del descubrimiento de la energía atómica. La resolución también decidió que tenían que presentar propuestas para “la eliminación de los armamentos nacionales de armas atómicas y todas las demás armas de gran potencia aplicables ahora o en el futuro a la destrucción en masa”.

Desde entonces se han creado los tratados Sobre la no proliferación de las armas nucleares y el de Prohibición parcial de ensayos nucleares y el de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE), por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y el oceánico, que se firmó el 10 de septiembre de 1996 en la ONU.

En esa fecha se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. El Congreso de la Nación Argentina adhirió al acuerdo el 23 de setiembre de 1998. El país es parte constitutiva y por este motivo se compromete a no realizar explosiones nucleares en su jurisdicción.

Misión y Estructura

A nivel organizacional, el acuerdo rubricado en la sede madre de la entidad, en Nueva York, dispuso que cada “Estado parte” tratará “confidencialmente y manipulará de modo especial la información y datos que reciba a título reservado”.

El Consejo Ejecutivo que dispuso el tratado estará compuesto por 51 miembros distribuidos geográfica y equitativamente así: diez Estados Partes de África; siete de Europa oriental; nueve de América Latina y el Caribe; siete de Oriente Medio y Asia meridional; diez de América del Norte y Europa occidental; y ocho de Asia sudoriental, el Pacífico y el Lejano Oriente.

Cada nación tendrá derecho a un voto y un representante en la conferencia, mientras que el Consejo elegirá a su presidente de entre sus miembros. Y, el Consejo, gozará en el territorio de un Estado Parte de los “privilegios e inmunidades” que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

El artículo IV del acuerdo mundial, firmado hace más de 20 años, supone que la Secretaría Técnica será la encargada de recibir las notificaciones de “cualquier explosión química” en la que se utilicen 300 o más toneladas de material explosivo equivalente de TNT.

Sistema Internacional de Vigilancia

Entre los ítems más relevantes del convenio se explica que se diseñará un “Sistema Internacional de Vigilancia (SIV)” que incluirá instalaciones para la vigilancia sismológica (tierra), las radiaciones nucleares, la hidroacústica (sonido en el agua), infrasónica (sonido leve que no puede percibir el oído humano).

Toda la información sobre los posibles casos de utilización de elementos coercitivos diseñados con energía nuclear contará con el apoyo del Centro Internacional de Datos de la Secretaría Técnica. En este sentido, se dispuso crear una red de 80 estaciones de vigilancia de radionúclidos, gases nobles y macropartículas.

El centro mencionado llevará a cabo estudios especiales, gratuitamente para los Estados parte, a fin de proceder a un “examen técnico a fondo” y el análisis por expertos de los datos del SIV.

Este último podrá disponer de realizar inspecciones “in situ” en la zona donde se haya producido el fenómeno. La zona, explica el tratado de 74 páginas, será “continua y su superficie no excederá de 1000 km2. No deberá haber ninguna distancia linear superior a los 50 km en ninguna dirección”. Dura 60 días a partir de la fecha en que se haya aprobado la solicitud de inspección y se puede prorrogar por un máximo de 70 días.

En línea con la urgencia y la rapidez que requieren este tipo de materiales radioactivos, los inspectores comenzarán sus actividades en la zona tan pronto como sea posible, pero, en ningún caso, más tarde de 72 horas después de la llegada al punto de entrada. Por último, el acuerdo hasta habilita la utilización de aeronaves “no regulares” cuando “no sea posible viajar en tiempo oportuno hasta el punto de entrada de la inspección nuclear”.