Acuerdo de modernización electrónica entre poderes

La Corte bonaerense firmó un convenio con el Ministerio de Economía y el Registro de la Propiedad para digitalizar los numerosos trámites que se realizan entre la Justicia y estos organismos. El avance a una justicia “despapelizada”.

Después de cuatro años de prueba con cuatro juzgados de capital bonaerense de La Plata, los integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA), junto al Ministerio de Economía y el Registro de la Propiedad, decidieron avanzar en la digitalización de los trámites que se realizan entre el Poder Judicial provincial y estos organismos.

La iniciativa se implementó en 2012, y desde entonces se pudieron apreciar algunos importantes avances, como una reducción de los plazos procesales. El balance también despejó algunas dudas que existían acerca de la seguridad de estos instrumentos.

El acuerdo fue firmado por el presidente del máximo tribunal bonaerense, Luis Genoud; el ministro de Economía, Hernán Lacunza; y la titular de la Dirección Provincial del Registro de Propiedad, María de la Paz Dessy.

La prueba piloto concluyó de forma exitosa y muestra una tendencia irreversible en el avance hacia los medios electrónicos en la Justicia. De cualquier forma, el tema resulta espinoso porque la utilización de nuevos métodos tecnológicos no termina de hacerse realidad. Aún existe resistencia ya que mucha gente en el ámbito del mundo del derecho teme no poder utilizar las nuevas plataformas de comunicación.

Este convenio permitirá utilizar de forma oficial, y en toda la Justicia provincial, la firma digital, oficios electrónicos “estandarizados” y el pago de diferentes cánones a través de medios digitales. Todo esto, por supuesto, en lo atinente a los trámites relativos al Registro de la Propiedad, que son numerosos y por demás comunes en el Poder Judicial.

En la provincia se encuentra vigente la Ley 13.666 de Firma Digital, en donde se contempla el avance hacia este medio electrónico. Y el origen de esta legislación fue una Ley nacional: la 25.506, que también contempla el uso de este instrumento.

Los miembros de la SCBA consideraron, al suscribir el documento, que el uso de la firma digital “satisface el recaudo de la escritura”, que es “imperante” para los actos procesales. Hace algunos años, antes de la sanción de las normativas sobre este tipo de signatura, se discutió acerca de si podía considerársela válida como un instrumento físico.

Para llevar a cabo esta iniciativa también se contempló la creación de una Comisión Mixta, integrada por miembros del Registro y de la SCBA. Desde allí se establecerá un cronograma para implementar de forma gradual todas las nuevas herramientas electrónicas. Y también existe un plazo para ello: un año a partir de la firma del Convenio.