Pedro Rebollo, fiscal Federal de Campana

Diferencias entre acuerdos de colaboración y arrepentido

Dentro de las reformas al Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.063) encontramos un instituto procesal que a lo largo de nuestra historia ha sido introducido en diversas legislaciones en modo incorrecto: el mal llamado “arrepentido”. En la reforma que se propone, novedosa por cierto, se lo ha denominado “Acuerdos de Colaboración”.

Este proyecto profundiza el cambio hacia un sistema acusatorio pleno para el enjuiciamiento de personas imputadas de delitos -de amplio consenso en la doctrina-, dota al Ministerio Público Fiscal (MPF) de una herramienta de investigación, a la par de brindarle al imputado una posibilidad de mejorar su situación procesal.

Un acierto es su tratamiento dentro del ordenamiento procesal penal para los delitos de competencia federal, un reclamo finalmente escuchado a fines de dotar al MPF de modernas herramientas (de investigación), respetando en un todo las garantías individuales amparadas en la Constitución y los pactos internacionales de Derechos Humanos, incorporados a nuestra Carta Magna.

El otro acierto, es la reforma del artîculo 41ter del Código Penal, a fines que la legislaciôn de fondo de nuestro país contenga puntualmente el marco dentro del cual el fiscal podrà negociar con el colaborador y su defensa el beneficio pretendido dentro de los delitos enumerados por la norma citada.

Desde su denominación, existe una fuerte intención en que esta herramienta procesal sea utilizada en igualdad de armas entre el fiscal y el imputado colaborador. A diferencia del mal llamado “arrepentido”, quien daba la información y debía esperar que el Tribunal decida su suerte, aquí su destino es forjado y delineado desde el inicio de las tratativas por la persona sometida a proceso y su defensor de confianza. Ellos conversarán y acordarán con el Fiscal qué tipo de colaboración prestará a cambio de un beneficio al que deberá comprometerse el Fiscal por escrito (que puede llegar a ser hasta la disposición total de la acción penal).

Desde su denominación, existe una fuerte intención en que esta herramienta procesal sea utilizada en igualdad de armas entre el Fiscal y el imputado colaborador

Esos compromisos deberán ser precisamente señalados conforme lo normado en el nuevo artículo 292 bis, con la asistencia efectiva de su abogado defensor (arts. 292 quater y quinquies).

Sin perjuicio de todos los recaudos previstos y brevemente descriptos, el acuerdo deberá someterse a consideración del juez, totalmente ajeno a las negociaciones, para que pueda ser ejecutoriado. Ello se realizará en una audiencia oral, donde podrán hablar las partes y el juez analizará si el imputado colaborador actuó libre y voluntariamente (art. 292 sexties). Tal audiencia resulta también garantía de defensa en juicio y de debido proceso para el colaborador, al someter el acuerdo al análisis judicial, como la protección que brinda el artículo 292 septies y el plazo de un año para el fiscal, a efectos de corroborar la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada.

Pero si hacía falta algo más para que el acuerdo de colaboración sea respetuoso de las garantías contenidas en nuestra Constitución y los pactos internacionales sobre Derechos Humanos, tal protección la encontramos plasmada en el artículo 292 terdecies. El proyecto determina que ninguna sentencia condenatoria podrá sustentarse con la mera relación de los términos del acuerdo. En otras palabras, el fiscal deberá acompañar al juicio más prueba que los dichos del colaborador para poder obtener una condena. Allí también impone la obligación al juez de absolver al colaborador si el fiscal ha obtenido solo su reconocimiento, sin que existan otras probanzas que avalen su versión.

Los acuerdos de colaboración resultan respetuosos de los estándares constitucionales de los Derechos Humanos en virtud de lo expuesto, superando las críticas a las que pueda ser sometida a ese respecto, resultando a su vez un elemento idóneo a los fines de la averiguación de la verdad en la investigación de los delitos de competencia federal taxativamente previstos en el artículo 41 ter del Código Penal, siempre de difícil y compleja realización y dilucidación.