El Gobierno creó una Comisión dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que será encargada de redactar un anteproyecto para mejorar el cuerpo normativo que entró en vigencia en agosto de 2015.

Cuando se unificaron los códigos Civil y Comercial en un solo cuerpo normativo que empezó a utilizarse en agosto de 2015, comenzaron a formar parte de él muchas herramientas que ya eran aplicadas por los jueces que, con sus fallos, habían sentado jurisprudencia sobre algunos temas. El nuevo Código reunía muchas de estas cuestiones que ya eran usadas de hecho.

Por esto, y para introducir algunos aspectos que “no fueron considerados” al tiempo de la redacción del Código Civil y Comercial, el Poder Ejecutivo creó, a través de un decreto, una Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación, que estará integrada por los juristas Julio Rivera, Ramón Pizarro y Diego Botana.

Asimismo, la coordinadora general del Programa Nacional de Derecho Privado, Agustina Díaz Cordero, oficiará de secretaria académica y Alejandro Rufino será el secretario “ad hoc” de este nuevo órgano.

En ese decreto se expresa que desde el Programa que coordina Díaz Cordero, dependiente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, se creó un observatorio que estudió la aplicación del Código vigente desde hace casi tres años. Desde allí concluyeron que había que realizar “ajustes puntuales” al cuerpo normativo.

Al mismo tiempo, el trabajo que lleve a cabo la Comisión deberá valerse de la plataforma Justicia 2020, también dependiente del Ministerio que tiene al frente a Germán Garavano. Allí, los debates podrán seguirse, e inclusive se recibirán aportes, a través de una plataforma virtual que ya fue usada en numerosos proyectos que se convirtieron en ley y que llevan en sí el aporte de las personas que decidieron participar de las discusiones en esta plataforma.

Todavía resta definir cómo llevará a cabo el trabajo esta comisión, días de reunión, etcétera. Cuando este órgano esté “formalmente” constituido, comenzará a contar el plazo de seis meses establecido en el decreto para que se formule el proyecto.