El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por una delegación encabezada por la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, se reunió con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur y la vocal de la Suprema Corte tucumana, Claudia Sbdar, para coordinar el impulso de un proyecto para la creación de un fuero especializado en casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
De esta manera, Tucumán se convertirá, junto a Santiago del Estero, Jujuy y Salta, en una de las jurisdicciones con un sistema judicial en aplicación que garantice procesos más cortos y de menor complejidad de resolución para el tratamiento de la problemática de la violencia intrafamiliar, de género y sexual.
La subsecretaria Rodríguez resaltó el interés y la colaboración del gobernador tucumano para instrumentar los pasos que se requieren para sancionar este tipo de proyecto de modelo de ley.
Por su parte, la vocal Sbdar señaló que el proyecto de ley modelo es de jurisdicción de cada provincia, según lo fijado por la Constitución Nacional. La propuesta apunta a que cada jurisdicción pueda adecuar la ley, delinear modificaciones y concretar su implementación en su propio ámbito. Todavía restan dos meses más de trabajo para tener completamente definido el proyecto que posibilite su ulterior tratamiento legislativo. Por su parte, Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, destacó que se está trabajando en la propuesta que “es muy federal y apunta a revolucionar el tratamiento que se viene dando en cada una de las provincias a esta problemática muy compleja”.
En febrero de 2017, en Tucumán, el Ministerio Público Fiscal planteó la necesidad de dar respuestas rápidas y efectivas al tratamiento de las denuncias sobre violencia familiar, para garantizar el resguardo y bienestar de los afectados. El Ministerio señaló que, dentro de la Justicia Penal, la violencia familiar requería un tratamiento diferenciado, por lo que impulsaba la especialización de una Fiscalía con competencia exclusiva en causas graves y complejas de violencia familiar a fin de cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresadas en el documento sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en América.
Entre los objetivos a alcanzar, está la necesidad de mejorar la respuesta judicial para cumplir plenamente con la obligación de “debida diligencia”, para que mujeres víctimas de violencia pueden ejercer plenamente sus derechos consagrados en la Convención de Belém do Pará, en la Convención Americana y en la Declaración Americana. Por lo tanto, se creó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa, la Oficina Especializada en Violencia Familiar en el Fuero Penal, cuya composición es similar a la existente en una Fiscalía de Instrucción en lo Penal.
Como antecedentes de un fuero especializado, en diciembre de 2016, Santiago del Estero puso en marcha el primer juzgado de género del país para dar una respuesta más efectiva a las víctimas de violencia de género y familiar. La provincia cuenta con una altísima tasa de denuncias de agresiones y femicidios, por lo que se creó la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, mediante la ley provincial Nº 6.990. Asimismo, se dispuso que el juez de Control de Género contara con una Secretaría de la que dependen las Oficinas de Delitos de Género y la de Violencia de Género.
El juzgado funciona en el edificio de Tribunales provincial, y su funcionamiento recayó sobre jueces seleccionados según un perfil que garantice la idoneidad para el trabajo con perspectiva de género. El juez de Género comporta una respuesta exclusiva e inmediata, y reemplaza así al sistema tradicional que obliga a la víctima a buscar asistencia y luego acudir al fuero Penal o al Juzgado de Familia. También forman parte del proceso un equipo interdisciplinario –integrado por psicólogos, médicos, asistentes sociales y abogados-que vehiculizan la respuesta que la víctima necesita con carácter urgente.
Este juzgado tiene jurisdicción en los departamentos Capital, Pellegrini, Alberdi, Figueroa, Moreno, Silípica, San Martín, Sarmiento, Loreto, Atamisqui, Salavina, Ojo de Agua y Quebrachos.
Por otro lado, en abril de este año, en Jujuy, se designó a Liliana Pellegrini al frente del Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género, en la localidad de San Pedro. A raíz de ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación envió especialistas para capacitar a los integrantes del juzgado.
La creación de un fuero especializado posibilita acelerar la respuesta ante una situación de violencia denunciada; la víctima es entrevistada por un cuerpo multidisciplinario, completa un formulario para que el informe sea más rápido y el juez esté en condiciones para dictar una medida precautoria. Si la denuncia llega por un tercero, familiar, escuela, hospital o autoridad policial, se cita a la víctima para una entrevista con lo cual el juez puede dar una respuesta de protección para evitar daños mayores.
En alianza con este tipo de proyectos, es que existe la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.
La OVD trabaja de manera interdisciplinaria durante las 24 horas, todos los días del año. Recibe diariamente las presentaciones espontáneas de personas que se acercan a la institución buscando información y orientación. También recibe, en su sede de Lavalle 1250, casos de violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y ONGs de la Ciudad de Buenos Aires. Los Tribunales Superiores de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Santa Cruz también cuentan con sus propias oficinas de violencia doméstica.
