La organizan el Ministerio de Justicia, junto al Ministerio Público de la Defensa, The International Legal Foundation, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La actividad se desarrollará entre los días 15 y 17 de noviembre en el Palacio San Martín y congregará a numerosos actores gubernamentales, representantes de la sociedad civil y expertos internacionales, para abordar los desafíos globales que se enfrentan en el acceso a la justicia para la población vulnerable, específicamente en los sistemas de justicia criminal.
En la Segunda Conferencia Internacional sobre Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal se retomarán los temas tratados en junio de 2014 durante la conferencia inaugural realizada en Sudáfrica y en las sesiones se trabajará desde la aplicación integral de los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita para los acusados que no pueden pagar un abogado es un principio internacionalmente aceptado y un componente esencial del derecho a un juicio justo, pero los retos en la aplicación de este derecho fundamental son muy comunes. Por esto, el objetivo de la conferencia es generar un espacio de discusión de los desafíos comunes, soluciones y buenas prácticas, así como el desarrollo global requerido para mejorar el acceso a la asistencia jurídica a nivel nacional e internacional.
Los participantes podrán firmar una declaración de acción orientada a la mejora del acceso a asistencia jurídica a nivel nacional y a la cooperación y colaboración a nivel regional e internacional. Otro elemento a tratar será la creación de una red internacional que favorezca el contacto entre los profesionales, organizaciones y expertos en asistencia jurídica alrededor del mundo.
Entre otros temas, durante las sesiones de la conferencia se abordarán los modelos de prestación de asistencia jurídica, incluyendo una discusión del modelo de defensa pública tilizado en la Argentina y gran parte de América, las garantías de independencia y las estrategias para proporcionar acceso temprano a la asistencia jurídica y la reducción de detención preventiva.
