Concluyó la primera etapa de distribución de escáneres de última generación mono dactilar, certificados por el FBI, y de cámaras web, a cargo del Registro Nacional de Reincidencia (RNC). El objetivo es brindarles herramientas para la identificación y el registro de personas con antecedentes a defensorías y fiscalías del interior del país. Esta política permitirá reemplazar íntegramente la información que antes se hacía en papel y, así, evitar demoras en el trámite.
Hasta el momento, ya se entregaron 500 dispositivos tecnológicos en San Juan, Salta, Mendoza, Chaco y Corrientes y en la ciudad de Buenos Aires. En agosto se seguirá con la capacitación en el software para los operadores judiciales que trabajen con este sistema. La implementación está programada para septiembre.
Desde el RNR explicaron que se dejarán de utilizar las clásicas fichas dactiloscópicas de papel para pasar a realizar una “identificación biométrica en rostro, perfil, huellas, y señas particulares, como tatuajes y cicatrices”.
Además, el sistema permitirá compartir datos en línea e intercambiar información, con potencialidad para el desarrollo de estadísticas, perfiles y mapas criminales.
José Guerrero, director del Registro Nacional de Reincidencia, explicó: “Pretendemos una mejor identificación de los detenidos en causas penales, así como acortar los tiempos de contestación de los requerimientos de información, de 20 días a una hora en casos urgentes, y reducir drásticamente los costos en correo fiscal, que llegó en 2017 a 100 millones de pesos”.
Ahorro de tiempo
El convenio que dio inicio a esta medida se firmó a fines del año pasado entre el RNC -del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, representado por el procurador general de La Pampa, Mario Bongianino; y el Consejo Federal de Política Criminal, representado por su presidente, el procurador general de Salta, Pablo López Viñals.
Los dispositivos se entregaron “en orden al nivel de criminalidad de cada jurisdicción, ya que se distribuyeron más aparatos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba o en Mendoza”.
“Es muy importante entregar la misma tecnología y software a todas las provincias para que no existan incompatibilidades entre el equipamiento utilizado, que es el mismo que utiliza la policía federal. Sirve para el posterior intercambio de información y la cooperación entre las distintas jurisdicciones”, manifestó Guerrero.
Cada ministerio público provincial va a tener una oficina especializada donde concurrirá el imputado. Allí se lo identificará en forma digital y la documentación se enviará a Reincidencia, para que desde allí se informen los antecedentes desde la nueva base de datos.
La contestación para una persona que no tenga antecedentes ahora podría resolverse en menos de una hora. Durará un poco más de acuerdo a la “complejidad del prontuario del imputado”, explicaron. En un trámite de flagrancia puede resolverse en seis horas, cuando un oficio por correo postal demoraba 20 días.
