El Congreso de la Nación sancionó en junio del año pasado la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, una norma que pone en funcionamiento una serie de dispositivos disponibles las 24 horas para quienes sufren un delito. Con la flamante publicación en el Boletín Oficial del decreto que reglamenta la ley, no sólo se ponen en marchas esos dispositivos sino también el Observatorio de Víctimas del Delito.
Se trata de un “organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito”, consigna el decreto 421/2018.
El observatorio estará integrado por víctimas de delitos y será presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, “quien podrá disponer las acciones y medidas para su adecuado funcionamiento”.
En cuanto a su conformación, este deberá contar con un representante de las regiones del NOA, NEA, Cuyo, Centro y Sur, para garantizar la representación federal.
Asimismo, “a los fines de su conformación, se tendrá especial consideración a los integrantes de asociaciones de víctimas legalmente constituidas”, explica el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro Garavano
Los puntos centrales de la ley 27.372 incluyen la creación de la figura del Defensor Público de la Víctima (que dependerá de la Defensoría General de la Nación) para cada provincia y del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A ello se suma un cuerpo de abogados, integrado por 250 profesionales, destinado a realizar asesoría gratuita para personas en situación de vulnerabilidad social, y otro cuerpo de letrados que trabajará en territorio bonaerense de conjunto con la Procuración General provincial y el Ministerio de Seguridad local.
“Es deber del Estado fortalecer las políticas tendientes a garantizar a las víctimas de delitos un efectivo cumplimiento de sus derechos” resume el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma aprobada el año pasado reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, “el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte”
Con la ley también se busca “establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”, así como, “establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito”.
“En los últimos años hubo una mirada que rezagaba a las víctimas. Esta ley viene a reparar de algún modo esta situación. Los modernos avances hablan de la Justicia reparadora y de esto se trata”, dijo el ministro Garavano en ocasión de la presentación de la ley en octubre del año pasado.
