Pautas claras para impedir la revictimización tras la denuncia

Es para evitar que en los casos de violencia intrafamiliar, sexual o institucional, los denunciantes recreen lo vivido varias veces a lo largo del proceso. La propuesta es crear un equipo judicial especializado que contenga al mismo tiempo que minimice las instancias que revictimizan.



Es para evitar que en los casos de violencia intrafamiliar, sexual o institucional, los denunciantes recreen lo vivido varias veces a lo largo del proceso. La propuesta es crear un equipo judicial especializado que contenga al mismo tiempo que minimice las instancias que revictimizan.

La comisión que redactará el proyecto para crear un equipo judicial especializado en violencia intrafamiliar, sexual e institucional ya está por llegar a la versión final. La propuesta busca terminar, entre otras cosas, con una de las consecuencias más recurrentes cuando se denuncia esta problemática ante el Poder Judicial: la “revictimización”.

Contar la misma historia una y otra vez. Volver al lugar al que nunca se quisiera volver. Hacerlo frente a jueces, funcionarios, fiscales, defensores. Abordar los casos de violencia intrafamiliar, sexual e institucional es un desafío para la Justicia. La falta de trabajo interdisciplinario en este sentido hace que las víctimas atraviesen un proceso de “revictimización” por la falta de pautas claras para abordar estos casos.

Por eso es que hace ya muchos meses se está debatiendo la creación de un equipo judicial especializado en estos tipos de violencia -intrafamiliar, sexual e institucional-, y con la reunión que se llevó a cabo esta semana, el proyecto de ley que lo crearía ya está casi terminado.

En este órgano participan integrantes de los tres poderes del Estado, pero como novedad se incorporan muchos señalamientos y sugerencias de las organizaciones que trabajan en la problemática.

Estos aportes se hicieron a través de la plataforma de participación ciudadana Justicia 2020, que puso en funcionamiento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde que Germán Garavano inició su gestión. Las opiniones de las organizaciones fueron especialmente tenidas en cuenta, considerando que cuando estas problemáticas eran poco discutidas por los organismos estatales, ya había asociaciones y ONG que llevaban adelante esa tarea.

En la reunión, que fue dirigida por la titular de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, se debatieron muchas cuestiones relativas a los detalles de la normativa, ya que la idea es que no se pise con los instrumentos que ya funcionan para combatir este tipo de violencias. El alcance de las herramientas para combatirlas sería más amplio.

Además, la normativa propuesta busca que los efectos de la violencia sufrida por las víctimas sea “mitigada” de la forma más efectiva que se pueda, a través de mecanismos de apoyo y seguimiento, que son una de las grandes falencias en estos casos de parte del Estado.

En esta reunión, la última del año, hubo representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de los Tribunales Superiores de Justicia de Córdoba y Tucumán, del Ministerio Público Fiscal y Tutelar, del Poder Judicial de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las Universidades de San Andrés y de Palermo.