Se dio un paso más en el traslado del penal de Villa Devoto desde la Ciudad Autónoma a la provincia de Buenos Aires: La Legislatura porteña homologó el convenio que establece los mecanismos para mudar la cárcel, firmado entre la Jefatura de Gobierno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El centro de detención será demolido y erigido a 48 kilómetros, al oeste de la Capital Federal. La iniciativa favorecer la realización de nuevas instalaciones en las que se podrán desarrollar políticas de reinserción social, con actividades deportivas, culturales y la práctica de oficios y capacitaciones profesionales.
La aprobación alcanzada esta semana contó con 37 votos positivos, 14 abstenciones y la oposición de 5 legisladores. Una vez desalojada la unidad penitenciaria y trasladados los internos y el personal al nuevo establecimiento, la propia Legislatura deberá disponer la rezonificación de los terrenos para nuevos espacios públicos (65 por ciento) y viviendas (35 por ciento).
El traslado, que comenzarán en septiembre y finalizarán en 2020, se pensó por “razones humanitarias y urbanísticas” y en respuesta a unasolicitud de más de 30 años por parte de vecinos de ese barrio. En las viejas instalaciones de Devoto se encuentran aún hoy unas 1800 personas privadas de su libertad.
El nuevo establecimiento penitenciario a construirse en el Complejo Federal de Marcos Paz contará con 120 hectáreas y está diseñado solo para alojar “jóvenes adultos” y tiene espacio para 352 internos.
El entendimiento por el traslado fue firmado el 12 de marzo último por el titular del a cartera judicial, Germán Garavano, el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente AABE, Ramón Lanús.
Una historia que llega a su fin
Con distintos nombres oficiales, la cárcel de Devoto funciona desde el año 1927 en la manzana delimitada por Lozano, Bermúdez, Nogoyá y Desaguadero, sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional. Su domicilio legal es Bermúdez 2651.
Sobre un terreno donado por la familia Visillac, funcionó primero como una dependencia de la Policía y luego pasó a depender del Servicio Penitenciario Federal. En su historia fue noticia por varias revueltas, incendios, motines o fugas resonantes.
En 1978, ocurrió uno de los peores: se cree que murieron 65 presos. Entre 1976 y 1983, se usaron sus dependencias como centro clandestino de detención. Y por sus pabellones desfilaron personalidades como Arquímedes Puccio (líder del clan) y uno de sus hijos.
